Desesperados se encuentran los trabajadores de Rayén SPA, empresa encargada de la limpieza de la ciudad tras el aluvión acaecido en la madrugada del pasado 12 de marzo. Esto porque el contrato que la compañía mantiene con la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) concluye el próximo 2 de junio, motivo por el cual los más de 100 empleados que hoy prestan servicios a ésta, quedarán cesantes.
Como explicaron a Diario El Pingüino las chilenas Guillermina Nahuelquín y María Alvarado, y las ciudadanas colombianas Marcela Caicedo y Luz Vásquez, el objetivo del grupo es que -por lo menos- el contrato se extienda un mes, debido a que gran parte de las trabajadoras son madres solteras y jefas de hogar a la vez, razón por la que por ningún motivo pueden quedarse sin su fuente laboral, y menos en plena época de invierno, señalan.
Para lograr este objetivo y concientizar a las autoridades, es que hoy se agruparán a primera hora de la mañana y se dirigirán hasta la intendencia, donde se reunirán con el intendente, Arturo Storaker.
Las funcionarias de Rayén tuvieron palabras además para referirse a las constantes críticas que ha recibido la empresa por su desempeño, señalando que éstas se deben a que “nunca han hablado con nosotros, los trabajadores”.
“Todo lo que hemos hecho es sacarnos la mugre trabajando y de eso no se dan cuenta”, agregan, destacando que además la empresa es la única que le ha dado laburo a personas no valoradas por otras compañías, como extranjeras, madres solteras y personas en situación de calle, que viven en el Hogar de Cristo, precisaron, enfatizando en que “para Rayén no existe la discriminación”.
A su vez, señalaron que no se les cancela el sueldo mínimo, sino que muy por el contrario una renumeración mayor, que les permite vivir de mejor manera, destacaron.
Querella Rayén SPA
La empresa, en tanto, se encuentra abocada a “limpiar” su imagen tras las constantes denuncias por irregularidades a las que fue sometida. Para lograr este objetivo es que realizará una serie de acciones legales, tales como una querella por falsificación ideológica de instrumento privado mercantil contra quienes resulten responsables, la cual se presentará hoy en el Juzgado de Garantía, patrocinada por el abogado Juan José Arcos.
Ésta se fundará en las facturas – a juicio de la compañía – falsas, que les hizo llegar el subcontratista Carlos Fuentes, las que además fueron recepcionadas por Juan Pérez González, quien “jamás ha sido funcionario de esta empresa ni ha tenido poder o mandato alguno de representación”, según consta en la querella.
“Tan burdo es la falsedad, que inclusive la factura 043 emitida el 10 de abril de 2012, figura recepcionada, supuestamente por el señor Pérez el día 9 de abril del corriente, es decir un día antes de su emisión” se explicita en la acción judicial.
“Claramente el señor Fuentes, con el fin doloso de proceder al cobro judicial de documentos que superan con creces las prestaciones pecuniarias otorgadas a nuestra empresa, se ha valido de la colaboración del señor Pérez utilizando sus datos, para dar una apariencia de legalidad a dos documentos que de acuerdo a la ley tienen el carácter de ejecutivos, para de esta forma engañar a los Tribunales de Justicia, no siendo descartable la opción que incluso se haya usado la identidad de Juan Pérez González sin que él haya suscrito los documentos, situación que deberá zanjarse en el proceso penal que se incoe como consecuencia de la investigación que se ordene instruir a propósito de esta querella”, agrega la medida judicial que será presentada hoy, la que para el denunciante espera “aplicar a los autores la pena de presidio menor en su grado máximo por cada uno de los ilícitos, ya que las falsedades se han cometido en facturas que aún cuando no son en rigor una letras de cambio corresponden a un documento mercantil transferible que genera un título ejecutivo”.