
El ex Presidente puede seguir los pasos de su antecesor en el cargo, Jacques Chirac, el primer jefe de Estado convocado por la Justicia y, posteriormente, condenado por un caso de corrupción tras abandonar el Elíseo.
Como Chirac, Sarkozy se ha beneficiado de la inmunidad que otorga el puesto de jefe de Estado, lo que ha retrasado algunas de las investigaciones, un estatus que el actual inquilino del Elíseo, François Hollande, se ha comprometido a revisar para que el Presidente sea tratado como un ciudadano normal.
Una situación, la de justiciable común, que Sarkozy recobra a partir de esta noche, cuando se habrá cumplido un mes del traspaso de poderes a Hollande.
La investigación judicial más avanzada que concierne a Sarkozy es la relativa al presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 por la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L’Oréal, Liliane Bettencourt.
Un juez instructor de Burdeos investiga si la segunda fortuna de Francia entregó importantes sumas de dinero al ex Presidente, directamente o a través del que entonces era tesorero de su campaña, el ex ministro Eric Woerth.
El caso, destapado por casualidad en el contexto de una investigación paralela por una disputa familiar, ha llevado al juez a procesar a Woerth y al ex consejero financiero de Bettencourt Patrice de Maistre, presunto receptor de una suma en metálico de 500.000 euros aparentemente destinada al ex tesorero de Sarkozy, según la entonces contable de la millonaria. El ex gobernante puede ser convocado por esas sospechas pero también para explicar las visitas que efectuó al domicilio de la anciana en la localidad de Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París, de la que el ex Presidente fue alcalde. Aquella campaña, en la que Sarkozy derrotó a la socialista Ségolène Royal, también puede interesar a la justicia después de las revelaciones sobre presuntas entregas de dinero procedentes del régimen libio de Muammar Gaddafi.