Sentencias condenatorias a imputados conocidos caen cuatro puntos a nivel nacional y 9,7 en la RM durante el primer trimestre. A 12 años del inicio de la Reforma Procesal Penal en el país, el porcentaje de personas que termina siendo condenadas, luego de que la fiscalía las formaliza por haber cometido un delito, está en uno de los puntos más bajos del último tiempo.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, el primer trimestre de 2010 terminó en condena un 27,1% de las causas cerradas con imputados conocidos: estos son los casos donde los perseguidores han logrado establecer la identidad de quienes investigan, a diferencia de las causas en que éstos se desconocen, como por ejemplo, el robo de espejos del auto.
En los primeros tres meses de 2011, el porcentaje de condenas a nivel nacional fue similar (26,7%), pero entre enero y marzo de este año bajó a 22,7%, es decir: cuatro puntos menos.
Al desagregar las condenas a formalizados conocidos a lo largo del país, aparecen regiones donde el decrecimiento incluso triplica la media nacional. Entre el primer trimestre de este año y el mismo período de 2011, Tarapacá tuvo una baja de 16,5 puntos, mientras que en las regiones Metropolitana y de Arica llegó a 9,7.
De las cuatro fiscalías de Santiago, la que tuvo la mayor baja fue la Sur, con 11,95. En segundo lugar se ubicó la Oriente, con 11,24 puntos menos. En tercer y cuarto puesto estuvieron la Centro Norte y Occidente, con 9,45 y 7,05 de disminución, respectivamente.
En cantidades, las condenas a imputados conocidos en Santiago en este período bajaron de 24.803 entre enero y marzo de 2011, a 22.568 en el mismo período de este año (2.235 menos). Mientras, las causas cerradas pasaron de 77.265 los primeros tres meses del año pasado, a 100.714 partiendo 2012.
La desagregación por delitos muestra que los condenados por Ley de Drogas y delitos sexuales tuvieron las principales bajas: 8,4 y 8,2 puntos porcentuales, respectivamente.
Razones y descargos
En el primer trimestre de este año ingresaron a nivel nacional 345.075 causas, contra 346.767 del mismo lapso de 2011. Sobre las salidas alternativas, se puede observar en este mismo período un alza de 15,6 puntos en la suspensión condicional de procedimientos.
Esta vía permite que fiscal e imputado lleguen a acuerdo, en caso de que este último sea primerizo y que la pena que eventualmente podría recibir, sea baja. Un ejemplo de esto ocurrió la semana pasada, con la acusación al jugador del Sevilla Gary Medel, de amenazar de muerte a un tercero. El futbolista asumió su responsabilidad y llegó a acuerdo con el afectado.
La ministra (S) de Justicia, Patricia Pérez, afirma que “lo que apunte a tener una salida jurídica de mayor calidad es positivo”. Menciona en entre éstas los juicios orales y las salidas alternativas. Añade que “se trata del primer trimestre y para que sea una evaluación completa, hay que necesariamente esperar la evolución” anual.
Para el presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, “es natural que algunos indicadores puedan bajar si no se cuenta con los recursos”. Y afirma que los US$ 30 millones que “entrega el gobierno para el proyecto de fortalecimiento, se concentra en un 2,2% de las denuncias”.
Consultado por este medio, la Defensoría Nacional declinó responder. La ex defensora Paula Vial sostuvo que “por un afán expansivo en la persecución, se están formalizando y llevando a juicio delitos de mucha menor entidad y por tanto, abulta el volumen de investigaciones (...). En muchos casos no justifican juicios orales”. El panorama de los juicios orales es el siguiente: en el primer trimestre de 2011 se realizaron 2.149 en el país. En el mismo período de este año fueron 1.868. En la RM hubo 529 en ese lapso de 2011, contra 465 entre enero y marzo de 2012.
Esta baja porcentual de los condenados está siendo enfrentada de diversas formas. En la Fiscalía Oriente se trabaja en aumentar los juicios orales y las condenas.
El vocero de esa fiscalía, Nicolás Calvo, dijo que cuentan con un plan de tres fases, que esperan desarrollar en tres años y que apunta a “recuperar el número de juicios orales que existía hasta 2010 y aumentar el número de condenas”.
En forma complementaria, las fiscalías regionales entregaron un respuesta escrita, donde se atribuye la baja a un alza de las salidas judiciales y a los volúmenes de ingresos (ver recuadro).