La CPC Magallanes rechazó la pretensión del Gobierno de gravar con impuestos antidumping y compensatorios a productos de primera necesidad que son importados vía zona franca a Magallanes. Así lo señaló el presidente del gremio empresarial, Alejandro Kusanovic, tras conocerse el proyecto que modifica las leyes de incentivos para Magallanes el que en su artículo 11 dice que “las sobretasas arancelarias ad valorem, los derechos antidumping y los derechos compensatorios establecidos en los artículos 7º y 8º de esta ley, se aplicarán a todas las importaciones a partir de la fecha de su establecimiento, así como a las mercancías que sean importadas a las zonas francas de extensión desde zonas francas u otras zonas que se encuentren exentas del pago de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes, o que gocen de presunción de extraterritorialidad aduanera.”
El líder de los empresarios alertó sobre la aplicación de este artículo dado que ello conllevará el aumento del precio de la harina entre otros insumos básicos, lo que elevará el costo de vida en la región. Dijo que otro riesgo que se avizora con esta medida es que la autoridad pueda aplicar impuestos invocando sólo las normativas antidumping o derechos compensatorios sin que tenga que ser analizado por el Congreso.
Asimismo Kusanovic llamó a las autoridades a interiorizarse sobre la realidad de las zonas extremas antes de legislar sobre ellas en tanto que pidió a las autoridades regionales defender los intereses de quienes habitan la Patagonia chilena.
“Aquí nadie consultó nada, colocaron un artículo que tal vez es válido en el resto de Chile pero es totalmente ilógico que se aplique en una zona franca cuyo propósito es justamente liberar de impuestos y aranceles a los artículos y mercaderías que allí se venden o producen para beneficiar a la población y las empresas de las zonas extremas. Es cosa de aplicar el sentido común solamente”, dijo Kusanovic.
Agregó que el actual esquema de administración de la zona franca atenta contra el espíritu de esa ley de excepción toda vez que al momento de licitar se privilegió a la empresa que traspasara una mayor cantidad de dinero desde los consumidores hacia el Gobierno. “Es decir, una ley que busca bajar el costo de vida en una zona extrema a la hora de aplicarla incentiva una especie de impuesto indirecto a través de la Administración”, explicó el presidente de la CPC Magallanes.