Ante la propuesta realizada por Lautaro Poblete, ex presidente de la junta directiva de la UMAG, en la que señala que la casa de estudios debiera ser gratuita y financiada a través del Royalty, dirigentes estudiantiles analizarán la factibilidad de esta propuesta. Por su parte la diputada Carolina Goic destacó la necesidad de potenciar a la UMAG como universidad regional.
Rodrigo Cabrera, secretario de la Federación de Estudiantes de la UMAG explicó que si bien se les informó de esta propuesta aún no han tenido la oportunidad de conversarlo con los estudiantes, pero que sin duda es una posibilidad que se va a analizar. Este trabajo tal vez se podría integrar en alguna de las comisiones.
Por su parte, Goic destacó la necesidad de potenciar a la casa de estudios como una universidad regional: “Yo creo que tenemos que avanzar para hacer de la UMAG una real universidad regional. Ahí tenemos un gran desafío, una gran oportunidad, eso requiere sin dudas fuentes de financiamiento (…) En el Gobierno Regional hay financiamiento e incluso un convenio firmado entre el GORE y la universidad que permite otras fuentes de financiamiento”. Agregó que a su juicio lo que falta es una definición de las áreas estratégicas para aprovechar recursos.
La investigación de esta propuesta, que estuvo a cargo del ingeniero comercial y docente de la Universidad de Magallanes, Daniel Oyarzo, establece que “el Fondo de Inversión para la Reconversión Nacional, donde va destinado el royalty tiene la siguiente distribución, del año 2011 al 2014, $ 100 millones cada año para todo el país y la distribución es 1/3 para las regiones mineras, que son nueve, lo que significa que a Magallanes le correspondería US$ 3,67 millones y el resto de los 2/3 para todas las regiones del país, es decir, 4,46 millones de dólares lo que sumado da que a Magallanes por efecto del royalty le correspondería $ 4.000 millones anuales”.
Otra de las complicaciones que tiene esta iniciativa es el contrato entre la Minera Isla Riesco y Corfo, en el que se plantea que la compañía pagará por este concepto US$ 0,6 por tonelada métrica estimándose una tributación de US$ 3.600.000 anuales.