Un fallo civil, que podría marcar un precedente judicial, es la resolución del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, que ordena a la petrolera Geopark a cancelar casi el doble de lo que ofrecía inicialmente a un estanciero por la ocupación de sus terrenos, para la explotación de hidrocarburos. La demanda por servidumbres mineras, caratulado Geopark Fell SPA (representada por Salvador Harambour), con Inversiones Rosario (dueños de la ex Cooperativa Bernardo O`Higgins), patrocinada legalmente por el abogado Alejandro Soler, se tramitó en el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas y el fallo corresponde al juez titular, Guillermo Cádiz Vatcky.
En lo sustancial el fallo determina los valores a cancelar por la petrolera a Inversiones Rosario, de propiedad del estanciero y empresario Javier Pivcevic Bayer, dueño de las 98.500 hectáreas que forman la ex cooperativa.
Conforme al Código de Minería, Geopark interpuso la demanda sobre constitución de servidumbres “en contra de Inversiones Rosario Limitada”, para obtener los accesos y ocupaciones de ducto y tránsito de camino en el sector de Punta Delgada, comuna de San Gregorio, por un lapso de 20 años.
Lo más importante para Javier Pivcevic era que el tribunal regularizara la industria del petróleo dentro de sus predios, uno de los más grandes después de Cameron. Además, porque se convirtió en uno de los primeros ganaderos en contestar la demanda por servidumbres. Generalmente los dueños de las grandes hectáreas de terreno no lo hacen, por ser un trámite legal muy caro. Pivcevic contestó, partiendo por el ejercicio o forma en que Geopark debe realizar la explotación petrolera dentro de la estancia, incluye la forma de ingresar a los predios, el tránsito por los accesos principales y caminos interiores.
Incluso, el abogado que tramitó la causa, Alejandro Soler, consiguió que a su cliente le paguen una suma más alta por la cantidad de hectáreas a utilizar en las labores petroleras. Esto es la locación en la explanada donde se realizan las perforaciones y los mismos accesos.
Pivcevic los demandó para que se establezca como valor el mismo precio de arriendo de una hectárea agrícola en la comuna de San Gregorio, determinado por el tribunal. El juicio fue largo y entre medio, entre marzo y abril de este año, se suscitaron actos de violencia en la estancia, porque se le impedía a Geopark ingresar y la empresa solicitaba al juez el auxilio de la fuerza pública.
En concreto el fallo del magistrado Cádiz, eleva de $ 20.000 a $ 50.000 el valor por hectárea que debe cancelar Geopark por el uso de los terrenos de la estancia, por el plazo de 20 años solicitado por Geopark, “sin perjuicio de que ambos factores se puedan restringir a futuro, en una suma total proyectada de $ 589.617.000. Mensualmente deberá pagar $ 2.456.740”.
“En cuanto al daño patrimonial adicional eventual, habiendo llegado a acuerdo las partes, se estará a la suma propuesta por la actora y a la que se allanó la demandada, de US$ 3.500 por cada kilómetro lineal de ducto que fuere necesario construir fuera de la superficie de las servidumbres solicitadas, con las dimensiones pedidas por Geopark”.
Además, el fallo hace lugar a las demandas interpuestas por la petrolera en contra de Inversiones Rosario Limitada, declarándose constituidas en su favor varias servidumbres (detalladas en la sentencia), “que deberá soportar el predio de la demandada, la Estancia Punta Delgada, Comuna de San Gregorio.