“Previo a iniciar la sesión, y dado que todos tenemos legítima inquietud respecto de lo que está ocurriendo, quisiera partir por comentar en breve que esta situación se da con las circunstancias que estamos viviendo, con el incendio en Torres del Paine, que ha hecho materialmente imposible que se encuentre aquí el señor intendente y presidente del CORE. Es por ello que se analizó una alternativa para no dar suspensión al Consejo, dado que esta situación que hoy día se está viviendo probablemente también ocurra el próximo lunes, y se buscó una salida que me gustaría que antes de que se iniciara la sesión sea expuesta por el asesor jurídico del Consejo Regional, a quien el intendente regional pidió que elaborara un informe respecto de las posibilidades de delegar algunas facultades del presidente del Consejo al delegado, quien les habla, para poder desarrollar la sesión con normalidad”. Con estas palabras el jefe de la División de Análisis y Control (DAC), Luis Sáez, en su calidad de presidente delegado del CORE, dio inicio a la sesión desarrollada el pasado 2 de enero.
Con posterioridad, el asesor jurídico del CORE, Mario Esquivel, planteó al pleno del consejo que la figura de delegación se efectuaba debido a que la máxima autoridad regional se encontraba en la provincia de Última Esperanza y por ende no se podía aplicar la subrogancia.
De inmediato los consejeros comenzaron a bombardear a Sáez y al abogado, criticándosele la delegación y señalando que inclusive estaban dispuestos a cancelar la sesión por los hechos que estaban ocurriendo en el parque nacional, como dijo Nancy Dittmar.
Otra polémica se suscitó en la sesión, debido a que Claudio Alvaradejo (DC) planteó que el documento en el que se les informaba la delegación, estaba escaneado y firmado por el abogado Max Müller, siendo que el asesor jurídico del CORE es Esquivel.
Tras los reclamos y dudas de los cores, finalmente se decidió consultar a Contraloría sobre la legalidad de la sesión, pronunciamiento que recién se conoció en las últimas horas y que determinó invalidar dicha asamblea.
Con esta resolución se ponen en riesgo las mociones sancionadas, entre las que se aprobaron las modificaciones a los reglamentos de Cultura y Deporte 2% FNDR.
Otra realidad preocupante es que hay dos mociones aprobadas que ya fueron ejecutadas, como
$ 2.500.000, con los que el Club Deportivo Estrella del Sur participó de un torneo nacional de fútbol en la categoría seniors, en Concepción, entre los días 6 y 20 de enero.
A su vez, se aprobaron $ 2.000.000 a la Asociación de Fútbol de Punta Arenas, con los que participó la selección Sub 16 en un torneo nacional de la disciplina, desarrollado en San Fernando entre el 12 y 18 del mismo mes.
Consejeros regionales
Tras conocer la resolución de Contraloría, los consejeros de todos los sectores políticos se manifestaron molestos por la equivocación del CORE, teniéndose claro que si no se hubiese adoptado la decisión de solicitar información al ente contralor en la sesión, nunca se hubiese conocido la ilegalidad de la misma.
“Me parece que las dudas que teníamos algunos consejeros regionales respecto de esto, hoy se disipan, y van a obligar a la primera autoridad regional a actuar con más rigurosidad en razón a esto, ya que el Consejo Regional tal cual se ha demostrado en el último tiempo: ´El Parlamento Chico`, tiene que actuar muy apegado a las normas y a la reglamentación que hoy lo requiere”, dijo por su parte el consejero Claudio Alvaradejo, añadiendo que espera que en la próxima sesión a desarrollarse el primer lunes de septiembre, el equipo jurídico del CORE realice una presentación, a efecto de analizar en conjunto la resolución de Contraloría.
Agregó el falangista que le parece de extrema gravedad la ocurrencia de dos hechos vividos en enero pasado, tales como “que no se haya escuchado la voz de los consejeros regionales, que trabajando en la administración pública, como quien habla, sabe y conoce cuáles son las responsabilidades de los entes superiores y en este caso el señor intendente y las atribuciones limitadas que tiene el jefe de la DAC. Lo segundo es que la Contraloría se haya demorado tanto tiempo en tomar una determinación sobre algo que parecía a todas luces ilegal, entonces creo que hay una demora que tiene algún por qué relativamente presente”, estableció, agregando que respecto a los recursos asignados, lo que debería realizar el equipo jurídico del CORE es presentar una solución ajustada a reglamento “para no echar atrás aquello que ya asignamos”, sostuvo.
Por su parte, el consejero Álvaro Contreras (RN) manifestó que “estos hechos claramente hablan de errores en el momento de la designación de las competencias en las subrogancias de la Intendencia Regional. Es bastante preocupante que no se hayan verificado las normas legales para tomar ese decreto”, agregó, sosteniendo que al existir proyectos ya ejecutados, se requiere con suma urgencia de una reunión del CORE encabezada por la primer autoridad regional, precisando que en este caso lo que correspondería es “tener la voluntad del pleno del Consejo Regional para revocar dichos acuerdos y probablemente después una nueva sesión para aprobarlos nuevamente”.
“Estos desaciertos, lo que hacen en definitiva, más allá de las negligencias, de las desinteligencias y de la poca precaución en la toma de decisiones al establecer un decreto como el que facultaba a un jefe de división para presidir una sesión de Consejo Regional, causa trastornos para toda la comunidad, porque en definitiva lo que hace es poner en tela de juicio y requerir procedimientos no habituales para poder subsanar una situación que a mi modo de ver, es por decirlo menos, complicada”.
Para el consejero Miguel Sierpe (DC), en tanto, “tiene que existir algún mecanismo para poder generar las condiciones para que los proyectos aprobados no tengan ningún tipo de inconveniente”, y de esta manera mantener las aprobaciones.