Dos años y medio desempeñando labores al interior de la Intendencia de Magallanes, permaneció el abogado Mario Esquivel, quien en el mandato de Liliana Kusanovic se desempeñó como asesor jurídico del Gobierno Regional (GORE) y en la administración de Arturo Storaker fue jurista del Consejo Regional (CORE). Lo anterior, porque tras haberle manifestado su intención de renunciar al intendente de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo, el jueves oficializará su renuncia, tras mencionar a Diario El Pingüino encontrarse cansado.
“Han sido dos años y medio complejos para la intendencia y el Gobierno Regional, tuvimos la crisis del gas, en la cual participé en la redacción del protocolo de acuerdo junto con el ministro Laurence Golborne y el subsecretario Rodrigo Ubilla, después me tocó enfrentar indirectamente el incendio de Torres del Payne en el CORE, luego el aluvión, ver el tema de la querella, y estuve muy involucrado en el proceso de restructuración que tuvo el Gobierno Regional con sus funcionarios en diciembre de 2010, a menos de 15 días de la crisis del gas. Además me tocó arreglar todos los procedimientos administrativos junto con mi colega Ruth Bravo para la construcción de la Goleta Ancud, que fue algo bastante complejo también, y se logró, entonces la verdad es que es como que el cuerpo te pide la cuenta, por lo que estaré un tiempo en receso y seguiré en mis labores particulares”, señaló Esquivel.
Sesión invalidada
Uno de los temas polémicos que debió afrontar el abogado, fue la primera sesión del año del CORE, la cual fue invalidada por Contraloría luego de que fuera presidida por Luis Sáez, ex jefe de la División de Análisis y Control (DAC). “Contraloría nos invalidó una sesión que a mi juicio no debió haber invalidado”, señaló al respecto, mencionando que al encontrarse el ex intendente Storaker en otra localidad de la región no se podía aplicar la subrogancia, acción que para el ente contralor es posible, y que para Esquivel “es un absurdo”, porque en el caso de que por ejemplo la máxima autoridad regional se encuentre en Puerto Natales, deberá ser subrogado y por ende en estricto rigor habrían dos intendentes al mismo tiempo en la región.
Recordó Esquivel que al conocerse la resolución de Contraloría, le planteó a través de un correo electrónico dirigido exclusivamente a los consejeros regionales algunas posibles acciones a seguir, momento en el que un CORE filtró el documento privado y lo publicó en un medio de comunicación, en el que explicó que el abogado proponía al pleno del consejo no acatar la medida, mención que rechazó categóricamente, explicando que su ofrecimiento correspondía a “reconsiderar”.
“Un consejero regional debe estar muy consciente de cuál es su cargo, o es periodista free lance o es consejero regional”, remarcó, señalando que “cuando tú tienes un trabajo interno entre los consejeros regionales, de los cuales son insumos que van a servir para una posterior deliberación, lo ético es que como son situaciones que ni siquiera se han decidido no pueden filtrarse, no se puede filtrar un trabajo de carácter interno, entonces creo que el consejero se excedió en su conducta”, dijo, sosteniendo que por este motivo instó a la Comisión de Régimen Interior a constituir la Comisión de Ética.
“Para mí fue poco ético que el consejero expusiera en su medio de comunicación, porque Radio Soberanía es un medio de comunicación de propiedad de don Karim Bianchi Retamales, entonces que él haya utilizado información privilegiada, en un momento de desarrollo de una decisión, para un medio de comunicación de su propiedad y tener incluso la exclusividad de la noticia, a mi juicio no corresponde”, aseveró.
Aluvión
Esquivel tuvo una activa participación de igual manera en el aluvión, la que se inició el 9 de mayo, cuando a propósito de las declaraciones que realizó el ex subcontratista de Rayén SPA Carlos Fuentes, quien se refirió al término “estafa”, conversó con el ex intendente Storaker y le comentó que lo correcto era ejercer alguna acción legal, mención que fue respaldada por el abogado Max Müller.
En ese momento inició un análisis de todo el proceso administrativo, los informes de la Onemi, los convenios de ejecución con Rayén, y se entrevistó con distintos personeros para ver de qué forma podía entablar la querella, la cual finalmente perdió la semana pasada.
Pese a esto, enfatizó que: “Me siento orgulloso de mi cliente (Arturo Storaker), porque hubo momentos durante la semana, previos al juicio, en los que se habló en un medio de comunicación de que el intendente no iba a comparecer, que la contraparte iba a probar una estafa por omisión, y sin embargo mi cliente fue al juicio, compareció, estuvo en el estrado, fue examinado por mí y contraexaminado por la contraparte y claramente estableció que él en su experiencia de más de 30 años de gerente de Comapa, donde había estado a cargo de emergencias y tras haber sido entrenado por el Gobierno Noruego en materia de emergencias, para él lo más importante eran las vidas humanas. Él no estaba en los procesos de contratación, no estaba seleccionando empresas, estaba arriba, a la cabeza del Comité de Operaciones de Emergencia, coordinando a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a lo que era la Onemi, el MOP, la municipalidad, estaba a cargo de una entidad de carácter estratégica y no táctica”, dijo.
Decreto supremo
Destacó a su vez Esquivel un decreto supremo de fecha 20 de marzo, que fue publicado el 3 de abril en el diario oficial, y que establece en su artículo segundo que: “Ratifíquese todas las medidas que con ocasión de la referida catástrofe hubieran podido adoptar al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes, las autoridades administrativas nacionales, regionales, provinciales o comunales, que hayan requerido norma de excepción”.
Dicho decreto fue firmado por el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter y por el ministro del Interior, Rodrigo Ubilla.