
El concejal y candidato a alcalde Roberto Sahr, manifestó que la situación es lamentable, haciendo un llamado público al alcalde Vladimiro Mimica para que haga cumplir el contrato que mantiene el municipio con la empresa Servitrans.
“Aparte del incumplimiento de la obligación de la empresa de retirar esos residuos en el momento oportuno como ordena el contrato, también se crea un problema sanitario ya que esa basura que rebasa los contenedores, puede traer un serio problema de salud ambiental para la población”, dijo Sahr.
El contrato del retiro de la basura de la ciudad, ha sido polémico desde el mismo proceso de sus dos licitaciones con presentaciones judiciales contra el municipio, tanto de los que perdieron la primera de ellas como los que se presentaron en el segundo llamado.
A tribunales acudió la empresa Recotrans reclamando que el municipio no se ajustó al derecho de sus propias bases y también la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Mancilla y Asencio, requiriendo una indemnización por daños y perjuicios.
Aparte de ello en su oportunidad el Tribunal de Contratación Pública, emitió un pronunciamiento de retrotraer todo el proceso de licitación a las empresas que participaron en el primer llamado de la propuesta, por actos que consideró “ilegales y arbitrarios”
Con todo el alcalde Mimica, defendió a la empresa Servitrans a la cual se le adjudicó la licitación, contratando un estudio jurídico en Santiago, para hacer frente al dictamen de dicho tribunal con un costo para el erario municipal cercano a los 120 millones de pesos.
De acuerdo a lo que se conoció en su oportunidad, la oferta de Servitrans era superior a cerca de 30 millones de pesos mensuales sobre la propuesta que hicieron sus competidores. Sin embargo, ganó la licitación.
De esta manera, la municipalidad tiene que cancelar 360 millones de pesos anuales sobre la oferta más baja que se presentó a dicho concurso público.
El contrato por seis años, por la extracción de residuos sólidos domiciliarios, le costará al municipio un total de 2 mil 160 millones de pesos extras, dineros que bien podrían haber sido usados en planes, proyectos y programas de beneficio comunitario.