Antes de comenzar la presentación del estudio del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA), “Persecución de delitos complejos” en Chile, su director ejecutivo, el master en Derecho de la Universidad de Wisconsin, Cristián Riego, hace un alcance. “Nos costó bastante acceder a la información, no ha habido mucha disposición, sobre todo de la Fiscalía, de permitirnos entrevistar a los fiscales, asistir y ver cómo trabajan, usar un método de observación y de entrevistas que es el que se usa en este tipo de investigaciones. Pero aún así lo hemos hecho”.
De acuerdo a lo infomado por el diario La Tercera, se trata de una investigación realizada por el investigador del CEJA, organismo dependiente de la OEA, y magíster en derecho penal y procesal penal de la Universidad Diego Portales, Eduardo Alcaíno, quien durante cinco meses estuvo inmerso en los procesos judiciales de delitos complejos como los robos con violencia.
“Uno de los principales resultados que encontramos es que de parte del Ministerio Público no existe una política para mejorar la persecución penal en ese tipo de delitos. Sino que más bien hay una percepción de parte de la fiscalía de que la investigación no tiene resultados, y sin perjuicio de ello, van a investigar de forma muy ritualizada y de protocolo sólo para justificar el archivo provisional”, explica Alcaíno. Esto porque hay dos falencias que develaron este estudio y que tienen que ver con números de 2011. “Las cifras son bastante críticas. Una de las principales formas de términos que tienen los procesos son el archivo provisional (cuando no hay antecedentes suficientes para continuar con una investigación), llegando a un 78,5% en 2011. Y es mucho más crítico en aquellos casos en los cuales en el robo no hay un imputado conocido, es decir, cuando a la fiscalía le llega la causa sin saber quién cometió el delito. En ese caso, el archivo llega a un 84%. De acuerdo a eso, elegimos saber qué está sucediendo”, añade el autor de la investigación. “La pregunta que surge es por qué la investigación que ellos realizan no tiene resultado. Y es principalmente porque el método es totalmente ineficiente. Básicamente se trata de una orden del juez que se envía a la policía para que haga algo. Y esto tiene serios problemas porque el núcleo central de este método, es que se centra en la recabación de información de forma posterior. Incluso, las órdenes están llegando 30 días después”, agrega Alcaíno. “Lo único que hace finalmente este sistema es recargar a las unidades policiales de pura tramitación en lugar de investigar. Y lo que provoca esto, es que los fiscales tengan una visión de que la policía tiene una especie de selección de cuáles investigaciones realizan y cuales no”, enfatizó el investigador del CEJA.