Este mes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) lanzará el primer concurso donde grupos vulnerables y de clase media podrán postular, de manera conjunta, al denominado subsidio de integración social. Este subsidio consiste en 100 Unidades de Fomento (UF); es decir, unos dos millones 270 mil pesos. A este beneficio podrán acceder quienes estén interesados en vivir en proyectos inmobiliarios donde coexistan casas o departamentos con diferencias importantes en sus valores.
El jefe de política habitacional del Minvu, Francisco Irarrázaval, afirma que “la idea es que en una propuesta (inmobiliaria) puedan convivir personas de diversos segmentos económicos, pero que tienen la idea de alcanzar una mejor calidad de vida, estar mejor localizados y sin segregación social”.
Explica que los proyectos en los cuales el gobierno entregará estos recursos deben cumplir con los siguientes requisitos: un 20% de las viviendas deberán estar destinadas a personas de escasos ingresos, que reciban un primer subsidio por este motivo. Para ellos, las 100 UF actuarán como un segundo subsidio.
El segundo requisito es que los proyectos deben contemplar otro 20% enfocado a personas de sectores medios y emergentes, que también reciban un subsidio por este motivos. De esta forma, ellos también serán subsidiados por segunda vez con las 100 UF.
Los usuarios interesados en este tipo de proyectos podrán acercarse, a través de comités, a empresas gestoras de demanda de viviendas. Esto, con el propósito de formar proyectos de hasta 300 propiedades con estas características.
El presupuesto de la cartera para estas iniciativas asciende a 400 mil UF. De acuerdo a las proyecciones de la carta, 3.500 familias debieran ser beneficiadas.
El plazo de postulación vence el 28 de diciembre.
Evitar la segregación
El interés por crear este beneficio parte de la alta segregación residencial, o polos territoriales, que existe en Chile.
Irarrázaval plantea que las propiedades de menores ingresos suelen emplazarse fuera del anillo central de la ciudad.
Menciona que una forma de graficar esta situación es observar las comunas que, entre 2002 y 2010, tuvieron un alza en construcción debido al emplazamiento de viviendas sociales.
En San Bernardo, por ejemplo, el 20% de los inmuebles construidos en ese lapso fueron con el Fondo Solidario. En el caso de Colina, el 30% de los proyectos de este período se levantaron con recursos estatales.
Por ello, Irarrázaval resalta que esta nueva iniciativa permitiría a personas de menos ingresos habitar en comunas mejor ubicadas.
Roberto Moris, subdirector del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, sostiene que “terminar con la segregación es una responsabilidad del Estado, en cuanto a la falta de planificación de la ciudad”.
Añade que el mercado inmobiliario también aporta al fenómeno: “plantean productos exclusivos. Hay un interés de que su público se diferencie”.
Pía Mora, investigadora de ProUrbana del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, agrega que hay proyectos mixtos que han tenido éxito en países como Estados Unidos.