
En el fallo unánime, el Máximo Tribunal determinó que “el daño es consecuencia de la falta de servicio en que incurrió el Serviu Metropolitano, como quiera que si hubiera planificado o normado la construcción de viviendas sociales con materiales de calidad aptos para lluvias, exigiendo a los privados que participan en la construcción, el respeto irrestricto de tales planes, normas, el daño no se abría materializado”.
El fallo determina que el monto de la indemnización se divide en $1 millón 130 mil por daño emergente y $ 1 millón 800 mil por daño moral. En total serán cerca de $ 1.758.000.000 que tendrá que pagar el Serviu Metropolitano.
Gobierno pide perdón
Conocido el fallo de la Corte Suprema, el ministro Rodrigo Pérez Mackena se disculpó con los afectados.
El secretario de Estado valoró el dictamen del máximo tribunal, aunque sostuvo que “lo que corresponde en este caso es hacer algo que no hicieron las autoridades en su oportunidad: pedir perdón a estas 592 familias, porque se jugó con el sueño de la casa propia”.
A juicio del titular del Minvu, los efectos provocados en los inmuebles durante las intensas lluvias del invierno de 1997 fueron el resultado de “una política habitacional muy mal ejecutada e implementada (por los gobiernos anteriores)”.
“Esta indemnización es muy importante. Son tres millones de pesos que hay que pagar a 592 familias que son las que presentaron esta demanda y, con esos recursos, creo que se compensa el daño moral y el daño emergente que se les produjo”, añadió Pérez Mackenna.
En ese sentido, el secretario de Estado lamentó las “penurias” padecidas por los propietarios de estas viviendas, también conocidas como “casas nylon”.
De acuerdo a un estudio encargado por las autoridades, actualmente a nivel país existen 55 mil departamentos en condición de deterioro.