Respecto del cuestionamiento al procedimiento para fijar precios, el presidente del sindicato, Alejandro Avendaño, señaló: “El informe debiera señalar que no tiene la obligación legal de calcular e informar las variaciones semanales y no sólo cuestionar los procedimientos”. Recordó que Chile abandonó los precios regulados en 1977, quedando sólo el agua potable y electricidad. Donde se debe poner atención es en el “injusto” impuesto y en los márgenes de ganancias que aplican los distribuidores, enfatizó. El dirigente cuestionó que existen 1.484 estaciones en Chile con libertad de precios, entonces “de qué sirve que señale que faltan antecedentes que fundamenten los cambios incorporados a la publicación semanal, si nadie obliga a las distribuidoras a reducir los valores”.