Sin embargo, la causa se mantiene vigente y abierta en la Fiscalía de Punta Arenas.
Por otra parte, la situación en el caso de la adjudicación de la basura sería totalmente opuesta. Una semana nada de tranquila tuvieron algunos concejales de Punta Arenas, luego de versiones que apuntaron a un posible pronunciamiento de la justicia en el caso de los buses amarillos del transporte escolar.
De acuerdo a la inquietud planteada por algunos de los ediles, en las redes sociales circulaba una información dando cuenta de posibles sanciones a quienes fueron parte del Concejo Municipal en la administración anterior. Incluso más allá, se habló de “penas del infierno” por existir la convicción de que hubo irregularidades en los procedimientos.
Sin embargo, los integrantes del concejo podrán respirar tranquilos. Si bien la causa sigue vigente, tal como lo confirmó ayer el fiscal jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre Pallavicini, lo más probable es que la investigación no arroje ilegalidad que pueda ser sancionada.
Contrario a las mencionadas versiones, que hablaron de “una sentencia” que incluía multas, penas de presidio y el no poder continuar en sus cargos (para quienes fueron reelectos), el abogado del Ministerio Público explicó que la causa “se encuentra vigente y en etapa de investigación”. Junto con ello se excusó de entregar mayores antecedentes.
La “carpeta” abierta en 2010, que fue cerrada y meses después reabierta, ha considerado colaboración desde Puerto Montt y de la Unidad Anticorrupción de Santiago, apuntando a determinar los montos involucrados, la formalidad del proceso de adquisición de estas máquinas (10) y las responsabilidades de quienes participaron en la gestión de internación.
Dentro de la investigación debieron declarar los ediles de la administración municipal anterior, encabezados por el ex alcalde Vladimiro Mimica. Vicente Karelovic, José Saldivia, José Aguilante y Roberto Sahr aportaron antecedentes que apuntaron a demostrar que “aquí no hubo donación, sino que una compra encubierta”, diría el último de los nombrados.
Los trascendidos apuntan hoy a que la acuciosa investigación llevada adelante por el fiscal Aguirre no arrojaría irregularidades, por lo que la causa sería cerrada sin hechos que sancionar, vale decir, no habrían personas formalizadas.
El lado B
Sin embargo, no todo sería positivo para el municipio en cuanto a las causas judicializadas.
Otra investigación abierta en el Ministerio Público local tiene que ver con el tema de la adjudicación de la basura. Aquí el escenario surge mucho más complejo, debido a que la entidad edilicia ha insistido en agotar todas las instancias legales para contrarrestar sendos fallos del Tribunal de Contratación Pública y de la Corte de Apelaciones de Santiago, que establecieron que el Concejo Municipal actuó fuera del marco legal en el proceso de licitación, ordenándose entonces retrotraer el proceso y, con ello, dejar abierta la puerta para una serie de acciones de empresas que se pudieran ver afectadas.
Así, mientras en la Corte capitalina los representantes del municipio mantienen un recurso de queja y en Punta Arenas hay presentaciones en los tribunales civiles, la Fiscalía de Punta Arenas sigue adelante con la investigación tendiente a determinar si en el proceso existió algún acto que pueda ser sancionado.