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“Nos parece que es una propuesta equilibrada, consensuada y que ha tardado mucho en legislarse sobre ella y que a quien le conviene esta tardanza es a la industria de Isapres, que al no tener un IPC de la Salud reglamentado como se propone, el 31 de marzo va a hacer un alza importante de su precio. Y claro, los afiliados podrán ir (a tribunales) pero ese es un costo incorporado ya (por las Isapres), y la mayoría de cotizantes no va reclamar”, dijo el ministro.
“En segundo lugar, de no legislar, el 1 de julio el plan Auge va a tener un reajuste en su prima y al no tener indexado esto a un IPC de la salud, nuevamente las Isapres van a tener toda posibilidad de hacer un alza unilateral extremadamente relevante del Plan Auge. Los que sufren las consecuencia son estos
3 millones de beneficiarios que con impotencia no ven una reglamentación”, agregó.
En su intervención en la Cámara, el ministro Mañalich reiteró en qué consiste el PGS. “Una ley consensuada políticamente no tiene otros propósito que proteger a los afiliados, lo que incluye una cobertura catastrófica, más competencia; el plan complementario tiene que estar vinculado a prestaciones con costos conocidos; eso lo está trabajando la Superintendencia de Salud”.