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Oyarce dijo que sólo la Región Metropolitana aporta más de la mitad de estas licencias con un total de 250.640 permisos médicos (US$ 50 millones en pérdida). Uno de los profesionales había emitido más de 10 mil licencias en un año.
“El Estado paga US$ 600 millones en subsidios por incapacidad laboral y según la fiscalización se calcula una fuga de unos US$ 92 millones por licencias médicas que no tienen una justificación técnica por la enfermedad, que fueron emitidas por personas que no son médicos pero que trabajan para uno, entre otros casos. Nuestra labor es fiscalizar y controlar esta fuga de recursos que se podrían aprovechar para otras inversiones en salud, consultorios, insumos para hospitales, reparaciones de infraestructura, entre otras”, explicó la seremi.
Oyarce aseguró que de comprobarse irregularidades en la emisión de estos documentos se podría constatar el delito de “fraude al fisco, lo que conlleva penas mayores, sin perjuicio de las sanciones administrativas que se pueden aplicar”.
Según explicó el ministerio de Salud, Jaime Mañalich, los casos detectados son disímiles. “En algunos se ha constatado que (los médicos denunciados) piden licencia y que trabajaron el mismo día en otro recinto. Otros durante sus vacaciones dejan el talonario de licencias a la secretaria para que éstas las emitan a sus pacientes y hay otras situaciones tan extremas como la vivida en la Región de Valparaíso, donde se implementaron empresas de papel para otorgar licencias”.