La discusión sobre las bajas pensiones que recibirían los primeros cotizantes del sistema de AFP sigue al rojo. Tras el debate público que abrió el diagnóstico realizado por el consejero del Banco Central, Joaquín Vial, sobre el monto que recibirían los ahorrantes de la industria, la discusión se trasladó hasta el Congreso donde ayer sesionó la comisión especial del Senado que estudia reformar el sistema de pensiones, publicó en su portal La Segunda on line.
Y si bien aún quedan al menos dos semanas de discusión -ya que sufrirá un receso de vacaciones en febrero-, el presidente de la comisión, el senador PPD, Eugenio Tuma, adelantó cuáles serán las propuestas para reformar el sistema que presentará en este grupo parlamentario.
“El sistema de AFP condena a la mayor parte de los trabajadores a una vejez en condiciones de pobreza, debido a la precariedad de los empleos y salarios. Sólo el 30% de la fuerza laboral accede a un empleo con contrato de trabajo y estable, en el sector público un 45% de los trabajadores está adscrito bajo la modalidad de contrata u honorarios”, es su diagnóstico.
Agrega que tras cumplir 30 años, el sistema privado de administración de pensiones no constituye un sistema de seguridad social, ofrece una baja cobertura, no estimula el ingreso de trabajadores independientes y no garantiza jubilaciones dignas para aquellas personas con trabajos precarios.
“Sólo el 30% de los trabajadores de bajos ingresos han contribuido a la seguridad social, en comparación del 70% de los trabajadores de altos ingresos. La promesa de José Piñera (creador del sistema) de una pensión con un 70% de las remuneraciones es una falacia”, dispara.
En su análisis, el presidente de la comisión sostiene que la industria de AFP carece de competencia y presenta altos grados de concentración: las administradoras Habitat y Provida concentran el 54,6% de los activos de este mercado, destaca.
Tuma advierte que para reformar el sistema de pensiones se necesita evaluar el aporte de los empleadores; implementar estímulos para aumentar la cobertura de los independientes; la disminución de comisiones y los riesgos en la inversión de los fondos; incrementar la competencia y lograr una cobertura universal para todos los trabajadores.
Para ello propone crear entidades sin fines de lucro que administren los fondos de pensiones que “garanticen el derecho de elección de los trabajadores”.
También buscará “modificar el actual sistema vinculado a las ganancias y cobros de las AFP con los resultados de los fondos”.