
El abogado defensor, Julio Urra, solicitó que la pena de cinco años que está pidiendo el fiscal, su clienta la pueda cumplir en libertad vigilada. El profesional planteó la tésis de ser un delito continuado y no reiterado como lo planteó la fiscalía.
Ayer fue la audiencia de preparación del juicio oral, donde la acusada rechazó la posibilidad de ir a esta instancia judicial, y prefirió aceptar los hechos de la acusación.
Desde septiembre de 2007 hasta el mes de abril del año 2008, la imputada, en su calidad de empleada pública, funcionaria de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), procedió a falsificar licencias médicas con las firmas de los médicos, presidente y contralor del organismo, encargados de evaluar y autorizar dichas licencias.
La lectura de la sentencia se fijó para la próxima semana.