Se trata de Marco Ibacache y de Danilo Gallardo. Este último señaló que “existe una normativa en particular y un dictamen de la Contraloría que dan cuenta de que la información que está siendo solicitada es absolutamente legítima y debe entregarse, puesto que no estamos frente a datos privados que tengan que ser reservados”, destacó.
El jurista, fue claro en que la corporación cometió una nueva infracción al no responder la solicitud de los concejales en el plazo establecido de 48 horas, enfatizando en que “desde el momento en el que se requiere información ellos deben responder”.
Por su parte, Ibacache señaló que “la ley es clara al decir que los fondos con los cuales funciona la Cormupa, no son netamente municipales, sino que vienen del Estado, y por ende se trata de aportes fiscales, y cuando hay aportes fiscales en cualquier institución de educación, de salud, de donde venga, se tiene que regir por las normas de los organismos del Estado, o sea de los servicios públicos, para los cuales rige la Ley de Transparencia”, aseguró, explicando que cada sitio de éstos tiene un link especial en el que se dan a conocer las remuneraciones que percibe cada trabajador por cada cargo.
Sesión extraordinaria
El jueves, tras conocer los concejales que su solicitud enmarcada en la Ley de Transparencia no fue contestada, autoconvocaron a una sesión extraordinaria para el 25 de febrero, en conformidad a lo establecido en el artículo 84 inciso tercero de la Ley Orgánica de Municipalidades.
En ésta, se tratarán cinco puntos en tabla: elegir a los integrantes del directorio de la Cormupa; que la Contraloría General de la República realice auditorías externas, tanto a la corporación como al municipio; acordar acciones a seguir ante la negativa de entrega de información de la entidad, y analizar el incumplimiento del fallo del Consejo para la Transparencia.