Su propietaria Patricia Leiva, se manifestó desesperada por lo que está ocurriendo.Ayer comunicó desde Coquimbo que su equipo jurídico se encuentra elaborando la demanda. Indignada se encuentra Patricia Leiva, propietaria de la empresa Rayén SPA, que realizó los trabajos de limpieza de Punta Arenas tras el aluvión de marzo del año pasado. Esto porque señaló que aún se le adeudan $ 204 millones.
“Ya me aburrí, no aguantaré más y demandaré al Estado”, dijo enfática ayer en contacto telefónico desde Coquimbo con Diario El Pingüino, recordando que su desesperación porque se le cancele, llegó a tal punto que en octubre del año pasado viajó a Santiago directamente al departamento de Finanzas del Ministerio del Interior, donde consultó qué sucedía con su último pago.
“Tanto he reclamado que se me pidió que preguntara por escrito, a lo cual les respondí que por qué ellos no me respondían también por escrito cada vez que pregunto por mis pagos, ya que de palabra sólo dicen respuestas estúpidas como que la persona que tiene que firmar el documento está en un sumario administrativo y no quiere problemas”, enfatizó Leiva.
Viaje a Punta Arenas
Leiva, viajó personalmente el 24 de febrero a Punta Arenas, para participar de una audiencia que tenía programada con el fiscal Felipe Aguirre, pero cuando llegó a la zona se le informó que éste se encontraba con vacaciones, razón por la que se manifestó muy molesta “por los gastos que implicó el viaje”, y no haber podido concretar la audiencia.
En la oportunidad se le informó que “no hay novedades” respecto a los pagos, argumentó.
Polémica contratación
La polémica contratación de la empresa Rayén SPA alcanzó ribetes impensados en mayo del año pasado, no sólo por la acción realizada por la diputada Carolina Goic (DC) con el presidente regional de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, quienes solicitaran a Contraloría investigar el contrato, sino porque en ese mes salió a la palestra una serie de nombres de autoridades y funcionarios del Gobierno Regional, que estarían vinculados a la compañía. Tal fue el caso de Luis Sáez, ex jefe de Análisis y Control de Gestión (DAC), Javier Gómez, quien dejó de prestar funciones para la secretaría regional ministerial de Justicia, y el propio ex seremi de Justicia, Ronald Klesse, quien presentó su renuncia al cargo sin antes anunciar que pedirá a la Fiscalía investigar una eventual asociación ilícita en este caso.
Caso se judicializó
Los dimes y diretes, en tanto, de la propietaria de Rayén SPA y del ex subcontratista Carlos Fuentes, terminaron en la justicia. Esto porque el empresario presentó el mismo mes las facturas por más de 50 millones de pesos que a su juicio se le adeudaban, en el Juzgado de Letras, mientras que Leiva replicó su presentación con una demanda por estafa, injurias y calumnias en su contra.
Posteriormente el ex intendente, Arturo Storaker, presentó acciones en la justicia e inclusive el ex jefe de la DAC se querelló contra el ex consejero regional Karim Bianchi.