La demanda persigue obtener los más de 200 millones de pesos que le adeuda el Gobierno a la compañía, y a su vez “limpiar” la imagen de la empresa, como manifestó su propietaria Patricia Leiva, quien se encuentra realizando trabajos en tres ciudades del norte del país.
“En virtud de la Ley 19.983 vengo en solicitar a S.S. se notifique judicialmente las facturas que se detallan, a la Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, representada legalmente por el señor intendente regional don Mauricio Peña y Lillo Correa, ambos domiciliados en Plaza Muñoz Gamero 1028 de esta ciudad”, inicia la acción judicial.
Agrega que las facturas son dos: Número 00171 de fecha 12 de junio de 2012, con vencimiento el día 12 de junio de 2012, por la suma de $ 101.150.000, y Nº 00171 por $ 101.150.000.
Ambos títulos suman la cantidad adeudada de
$ 202.300.000, “que no han sido pagadas en tiempo y forma”.
Todas fueron emitidas a la demandada, por...
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