Abogados de Santiago que llevan el caso se reunirán el martes 26 con el Concejo Municipal. En la sesión del Concejo Municipal de ayer quedó en evidencia el descontento de parte de los ediles por la actuación del Departamento Jurídico del municipio en lo que se refiere al caso del contrato para el retiro de la basura de Punta Arenas.
El concejal José Aguilante reclamó falta de proactividad de los abogados de la municipalidad, agregando además que los concejales no han contado con la información necesaria respecto de este caso.
En tanto, la concejala Claudia Barrientos manifestó que en su momento fueron los abogados del municipio los que habrían solicitado externalizar la defensa municipal, dado que eran incapaces de realizarlo, esto, agregó, “ha tenido un costo de 120 millones de pesos”. Puntualizó que nunca, el Departamento Jurídico, ni control de la municipalidad le indicó al concejo que este contrato tuviera ribetes de ilegalidad.
Por su parte, el concejal Juan José Arcos cuestionó el hecho que se haya externalizado la defensa sin haber recurrido al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
A su vez, el concejal Julián Mancilla insistió que este caso apelar a la Corte Suprema “es una pérdida de tiempo, es un trámite demás, puesto que ya está claro el veredicto”.
Ante los cuestionamientos de los ediles, Claudia Casas, directora (s) del Departamento Jurídico municipal, indicó en su intervención que “en todo momento hemos mantenido informado al alcalde”.
Emilio Boccazzi anunció que el martes 26 un representante del gabinete jurídico que lleva la defensa del municipio se reunirá con el concejo.
La adjudicación a Servitrans para la recolección de la basura en Punta Arenas se realizó a pesar que esta empresa se encontraba en el quinto lugar en el puntaje de las propuestas, y además de considerar un costo para la municipalidad de 30 millones de pesos más que la oferta que obtuvo el primer puntaje.
Así el panorama, es millonaria la suma de dinero que deberá desembolsar el municipio de la capital regional, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo original que declara ilegal el Decreto dictado por el entonces alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, que adjudicó a la empresa Servitrans la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios.
El contrato entre el municipio y la empresa mencionada es de seis años, esto desde mayo de 2010 a mayo de 2016. Por tanto, quedan aún tres años de compromiso, que en dinero se traduce en más de 3 mil millones de pesos.
Además, se debe considerar que en virtud del fallo judicial la municipalidad debe llamar a una nueva licitación, lo que implica sumar a las cifras indicadas el costo de la cancelación a una nueva empresa, sin olvidar los 700 millones de pesos por los que demandó la empresa Recotrans.
También existe la demanda de la empresa Mansilla donde existe riesgo de embargo para los ediles.