Patricio Elgueta y Nayareth Bárcena aseguran que el 12 de marzo llevaron a la niña al consultorio, pero que no los dejaron grabar el procedimiento, y se retiraron. Tan sólo dos días le queda a un matrimonio para vacunar a su hija, de apenas un año y tres meses de edad, según lo dictaminó el Tribunal de Familia de Punta Arenas, que apercibió a los padres de la menor a dar estricto cumplimiento al plan de vacunación.
En caso de no ser así, después de 10 días del pronunciamiento judicial, “se procederá al arresto de ambos progenitores”, dictaminó el tribunal.
El caso llegó a instancias judiciales después que la dirección del Centro de Salud Familiar del Barrio 18 de Septiembre denunciara a los progenitores de Amaya, Patricio Elgueta y Nayareth Bárcena, en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, de no querer suministrar las vacunas a la hija. Frente a una eventual vulneración de derechos a la salud, el abogado de la OPD, Diego Cabezas, interpuso una medida de protección.
La tramitación de la causa terminó con fallo adverso para los padres, quienes mantienen su negativa de no vacunar a la hija. El argumento principal de la madre, Nayareth Bárcena, es que en su familia los hermanos jamás fueron vacunados y nunca enfermaron. Además, teme que la pequeña reaccione mal a las vacunas o sufra algún tipo de alergia, como le sucedió a ella cuando era chica.
La decisión es respaldada por el marido, Patricio Elgueta, quien muestra con orgullo el semblante de la hija y reafirmar que “está muy sanita, como ustedes la ven, y siempre ha sido así”.
“Lo acatamos”
Consultado por la notificación judicial, que los obliga a cumplir la resolución judicial, Elgueta dijo que el martes 12 fueron al Consultorio 18 de Septiembre, pero como no los dejaron grabar el procedimiento se retiraron. “Solamente quería tener un registro por si algo le pasaba a la Amaya, pero me lo prohibieron, siendo que en la televisión, cada vez que hablan del tema, muestran niños vacunándose y llorando. No sabemos porqué lo hicieron si nosotros solamente queríamos guardar un registro del proceso”, indicó el padre.
Después de este incidente fue que el consultorio derivó los antecedentes a la OPD y el caso terminó en tribunales.
Abogado
El abogado Diego Cabezas dijo que frente a una eventual vulneración de derechos están obligados a denunciar el caso a la justicia. En este caso es por un incumplimiento al Código Sanitario, que dispone de la aplicación de vacunas. “Existe una política pública que los padres omitieron, vulnerado el derecho a la salud de la niña”. El tribunal se pronunció y falló a favor de la menor y los padres, asesorados por la Corporación de Asistencia Judicial, no apelaron la resolución.