Miles de millones de pesos, embargo de bienes y riesgo en el normal ejercicio de cargos públicos, son algunos de los costos que tendrá el contrato para la recolección de la basura. Es millonaria la suma de dinero que deberá desembolsar el municipio de la capital regional, luego de la adjudicación a la empresa Servitrans la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios.
La primera demanda la interpuso el empresario Mario Mancilla después que se rechazara a su favor la adjudicación de este servicio.
En esa oportunidad el rechazo de la propuesta por parte de los concejales Claudia Barrientos, Roberto Sahr, Emilio Boccazzi (actual Alcalde), Mario Pascual, José Aguilante y Antonio Ríspoli, se fundamentó “en que la sociedad proponente correspondía a una nueva figura legal de otra anterior, denominada empresa de Servicios General El Mercurio, la que registraba juicios en la comuna de Punta Arenas por infracciones laborales”
En esa oportunidad la justicia determinó que el Concejo Municipal, al rechazar la adjudicación, mediante acuerdo Nº423, adoptado en la sesión ordinaria Nº35, de 23 de septiembre de 2009, “incurrió en ilegalidad y arbitrariedad, ya que los motivos esgrimidos por los concejales que, en su mayoría (con excepción de Vicente Karelovic y José Saldivia), rechazaron la propuesta de adjudicación, no se ajustaron a las normativas establecidas en las bases del proceso licitatorio, sino que, por el contrario, se apartan del marco legal aplicable en la materia”.
Por otra parte se determinó que el decreto alcaldicio Nº3379, de fecha 25 de septiembre de 2009, dictado por el alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas (Vladimiro Mimica) que rechaza la adjudicación, “es también ilegal y arbitrario, ya que al acoger el acuerdo del Concejo Municipal, hace suyo un acto administrativo que no cumple cabalmente con la normativa de las bases que lo rige”.
En lo concreto lo que se exige es una compensación económica que asciende a unos 850 millones de pesos, desglosados en los 471 millones que la sociedad afectada dejó de percibir en los cinco años que duraría el contrato; otros 135 millones que habrían obtenido como Bonificación a la Mano de Obra, y por último 243 millones que corresponde al valor residual de los camiones que la empresa debía adquirir para la ejecución del contrato.
Todo lo anterior sin olvidar los más de 3 mil millones de pesos que deberá cancelar el municipio de Punta Arenas a Servitrans por los tres años que les queda para cumplir el contrato, además de los costos de cancelación a una nueva empresa recolectora de basura, sumado a los honorarios de los abogados que defienden a la municipalidad que suman 120 millones pesos.