
La publicación indicaba que al funcionario aludido le habrían marcado la tarjeta de control de asistencia y que además él sería el responsable de la denuncia que hizo a la contraloría la Asociación de Funcionarios Municipales por malos tratos de la administradora hacia trabajadoras de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).
“Los medios de comunicación no pueden entregar información inexacta y sin acudir a la primera fuente para verificar la veracidad de lo que publican”, dijo molesto ayer Aguilar.
Ante esta situación, el aludido solicitó formalmente al alcalde Emilio Boccazzi que haga efectivo el Artículo 88 del estatuto administrativo para funcionarios municipales que indica que: “Los funcionarios tendrán derecho a ser defendidos y a exigir que la municipalidad a que pertenecen persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, o que les injurien o calumnien en cualquier forma”.
El afecto agregó que “es deber del alcalde realizar la denuncia ante el respectivo tribunal, a través del departamento jurídico del municipio y de este modo limpiar su honra.
En tanto, Jorge González, presidente de la Federación de Funcionarios Municipales de la región, denunció que dirigentes y funcionarios están siendo acosados laboralmente por parte de algunos jefes de la entidad edilicia.
Indicó que toda la situación que se ha generado es muy lamentable, puesto que da la impresión que la administración quisiera fiscalizar la labor sindical, “situación que a todas luces no corresponde”.
Agregó que esperan que la reunión con el alcalde Boccazzi permita aclarar las situaciones que han ocurrido en los últimos días donde se han visto gravemente afectados funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Punta Arenas.