Dijo que esperará el dictamen final de la justicia para pronunciarse frente al tema. “Es un tema que aún está en tribunales y habrá que esperar qué se resuelve en última instancia”, dijo ayer el ex concejal José Saldivia frente a todo lo que ha significado la licitación por el contrato de recolección de la basura domiciliaria.
Manifestó, además, que recuerda perfectamente los pronunciamientos de los equipos técnicos municipales, pero que no se referirá al tema hasta que no exista un último dictamen de la justicia. “Es incierto todavía el panorama pues no hay certeza de cual será el escenario que se enfrente o que es lo pueda acontecer con el último fallo judicial”.
Agregó Saldivia que “no ha conversado en detalle las últimas informaciones referidas a este caso, pero sólo me pronunciaré una vez que exista una sentencia definitiva”.
En un primer sufragio los concejales Emilio Boccazzi (hoy alcalde), José Aguilante, Claudia Barrientos, Mario Pascual y el alcalde Vladimiro Mimica votaron a favor de la propuesta de Servitrans y en contra se pronunciaron José Saldivia, Antonio Ríspoli y Vicente Karelovic, mayoría que legalmente no sentenció la oferta. Posteriormente y luego de un análisis del informe jurídico con las alternativas, los concejales se abstuvieron en su votación, sólo contando con la negativa de Karelovic.
Así las cosas, finalmente fue el alcalde de ese momento, Vladimiro Mimica quien tomó la decisión del bullado contrato.
Ya no es desconocido que es millonaria la suma de dinero que deberá desembolsar el municipio de la capital regional, luego de la adjudicar a la empresa Servitrans la concesión del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios.
La primera demanda la interpuso el empresario Mario Mancilla después que se rechazara a su favor la adjudicación de este servicio.
En esa oportunidad el rechazo de la propuesta por parte de los concejales Claudia Barrientos, Roberto Sahr, Emilio Boccazzi (actual alcalde), Mario Pascual, José Aguilante y Antonio Ríspoli, se fundamentó “en que la sociedad proponente correspondía a una nueva figura legal de otra anterior, denominada empresa de Servicios Generales El Mercurio, la que registraba juicios en la comuna de Punta Arenas por infracciones laborales”.
En esa oportunidad, la justicia determinó que el Concejo Municipal, al rechazar la adjudicación, “incurrió en ilegalidad y arbitrariedad, ya que los motivos esgrimidos por los concejales que, en su mayoría (con excepción de Vicente Karelovic y José Saldivia), rechazaron la propuesta de adjudicación, no se ajustaron a las normativas establecidas en las bases del proceso licitatorio, sino que, por el contrario, se apartan del marco legal aplicable en la materia”.
Por otra parte, se determinó que el decreto alcaldicio Nº3379, de fecha 25 de septiembre de 2009, dictado por el alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas (Vladimiro Mimica) que rechaza la adjudicación, “es también ilegal y arbitrario, ya que al acoger el acuerdo del Concejo Municipal, hace suyo un acto administrativo que no cumple cabalmente con la normativa de las bases que lo rige”.
En lo concreto lo que se exige es una compensación económica que asciende a unos 850 millones de pesos. Todo lo anterior sin olvidar los más de 3 mil millones de pesos que deberá cancelar el municipio de Punta Arenas a Servitrans por los 3 años que le queda para cumplir el contrato, además de los costos de cancelación a una nueva empresa recolectora de basura, sumado a los honorarios de los abogados que defienden al municipio por 120 millones de pesos.