
Agregó que hace unos días el abogado Antonio Ramírez se reunió con el concejo para una vez más entregar antecedentes de buenos augurios, dejarlos a todos muy tranquilos y optimistas, incluso asegurando que este juicio se prolongaría por más de dos o tres años”, todo lo anterior irreal, manifestó.
Lo único que hicieron los abogados “fue chutear para delante una situación que a todas luces no tenía vuelta”, agregó Sahr.
Manifestó el ex edil que tal como lo señaló desde un comienzo, lo que debió hacer la municipalidad era cumplir lo que dictaminó la justicia, y justamente lo que tiene que hacer ahora.
Por su parte, el concejal Julián Mancilla señaló que “el alcalde (Emilio) Boccazzi debiera dejar la tozudez y asumir que estamos ante un caso perdido”.
Se entiende, señaló, “que se deben agotar todas las instancias legales hasta el último momento, pero ya está claro que este contrato fue irregular”.
Aseguró Mancilla que el gran culpable de la situación en que se encuentra el municipio es el ex alcalde Vladimiro Mimica, “él es el primer responsable, y seguro tras Mimica habrá también otros involucrados que habrá que detectar”.
Por su parte, Juan José Arcos, actual concejal de Punta Arenas indicó al respecto que “era claro que antes de un mes habría un resultado y no como lo dijo el abogado del municipio cuando nos reunimos con él”. Agregó que ahora la situación del municipio es bastante compleja, y lo peor agregó es que las actuales autoridades municipales tendrán que asumir las consecuencias de los grandes errores del ex alcalde Vladimiro Mimica.
Puntualizó que la ex primera autoridad comunal incurrió en un error tras otro: Primero adjudicando a la empresa que no tenía el primer lugar en la licitación, luego en no acatar el fallo del tribunal y posteriormente contratar por 120 millones de pesos a un estudio jurídico para que lo defienda cuando pudo acudir al Consejo de Defensa del Estado y no incurrir en estos gastos millonarios.
Arcos lamentó que la comuna de Punta Arenas se vea expuesta a una situación de este tipo, donde los recursos que están involucrados son sumas millonarias que pudieron ser usadas en necesidades prioritarias de los habitantes de la capital regional.