
Creemos que la gratuidad de la educación pública es posible en las actuales condiciones de la sociedad y del Estado de Chile y ello depende de una decisión de voluntad política de las autoridades de gobierno, que pasa por una reforma tributaria sustantiva y por cambios estructurales que fortalezcan la institucionalidad educacional pública del país.
Condenamos el lucro en la educación tanto básica, media como universitaria y como una práctica anti-ética que perjudica la calidad de la enseñanza y provoca una grave distorsión que afecta a la fe publica y desvía los recursos financieros que proporcionan el Estado y las familias hacia fines empresariales no educacionales.