Una nueva denuncia por irregularidades en el manejo presupuestario realizó el Colegio de Profesores en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas. Esta acusación se produce por la modificación firmada por el alcalde para suplementar los recursos de la Cormupa y, de esa manera, cancelar los sueldos de los trabajadores, a quienes se les realizaron los descuentos correspondientes.
Hilda Barría, tesorera regional del gremio docente, señaló que los manejos financieros de la corporación han sido poco transparentes. “Se nos hacen los descuentos los últimos días del mes por los costos de la previsión, pero el día 5 de abril debió hacerse un ajuste presupuestario porque la Cormupa estaba solicitando esos dineros para cancelar los recursos que a los 2.800 trabajadores, que ya se nos había descontado”.
Frente a esta situación, los dirigentes del Colegio de Profesores emplazaron al alcalde, Emilio Boccazzi, para que en su calidad de funcionario público denuncie esta nueva irregularidad en los manejos financieros. El gremio fundamenta este emplazamiento señalando que “no es efectivo que la Corporación Municipal integre la administración del Estado, ya que conforme a los estatutos sólo el alcalde es funcionario público (por lo que sólo a él le correspondería denunciar) y se financia con subvenciones o aportes del Estado que no importan participación en el patrimonio de la misma”, dijo Hilda Barria.
Otra situación abordada por el gremio, fue la problemática que enfrentan las educadoras diferenciales, las que habrían sido víctimas de una agresiva invasión en sus contratos de trabajo para obligarlas a pasar al Programa de Educación Integral.
Al respecto, Hilda Barría, explicó que “la corporación ha insistido en cambiarles sus contratos, porque de esta manera los dineros de la subvención no se gastan en ellas, sino que se cancela con los subsidios de integración, pero cuando hay un contrato tienen que estar las dos partes de acuerdo y las colegas no lo están”. Esto porque no se les asegura su titularidad y esta medida puede terminar en cuatro años más cuando finalice esta administración, quedando ellas sin ese resguardo.
Ante esta situación, lamentó la decisión del secretario de la Corporación Municipal de firmar un documento legal que obliga a las profesionales a cambiarse de programa. Agregó que de concretarse esta situación un grupo de aproximadamente 70 menores (por establecimiento) quedará sin atención.
Finalmente, llamaron al secretario de la Corporación Municipal, Hugo Lizama, a no dejarse llevar por su equipo jurídico “que más de un dolor de cabeza hizo sufrir a la anterior administración” dijo la tesorera del Colegio de Profesores.