
El estudio fue encargado a la Organización de Estados Americanos (OEA) por los presidentes del continente durante la Cumbre de las Américas en abril de 2012 y entregado hoy en Bogotá por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, que lo presentará el lunes.
“La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”, señala el informe, que recomienda avanzar hasta ese modelo mediante métodos como los tribunales de drogas, “la reducción sustantiva de penas y la rehabilitación”.
Los tribunales de drogas, que existen en EE.UU. y comienzan a implantarse en México y Chile, promueven la sustitución de las penas de cárcel por un tratamiento controlado para el adicto, que según el documento “es un enfermo crónico que no debe ser castigado”.
“Las medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque (de salud pública) y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad”, agrega el análisis que encabeza el informe, escrito por el propio Insulza.
La OEA subraya que los planteamientos del informe “no constituyen una conclusión, sino el inicio de un debate largamente esperado”, cuyas “conclusiones definitivas” corresponden “a los destinatarios” del informe, es decir, los Gobiernos del continente.
Por tanto, las “reflexiones” que cierran el informe pretenden servir como base de un debate que comenzará en la Asamblea General de la OEA a principios de junio en Guatemala.
Si bien el estudio aboga por la despenalización del consumo para no tratar al adicto como delincuente, es más cauto en cuanto a la legalización de la producción y el tráfico de las sustancias.
“Corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados. Tarde o temprano deberán tomarse decisiones al respecto”, apunta el documento.
“Nuestro informe, en cambio, no encuentra ningún apoyo significativo, en ningún país, para la despenalización o legalización del tráfico de las demás drogas ilegales”, subraya.