La iniciativa, que fue abordada por el Presidente Piñera en su cuenta pública, busca convertir un improperio a un uniformado en ejercicio como una conducta constitutiva de delito. En marzo, el Presidente Sebastián Piñera entregó los primeros lineamientos de un proyecto de Ley que busca criminalizar los insultos a Carabineros. En la oportunidad, el ministro del Interior, Andrés Chadwick definió como “un proyecto de ley para fortalecer el respeto de vida que requiere Carabineros”.
Piñera retomó la iniciativa y la mencionó en su cuenta pública del 21 de Mayo, lo que abrió el debate sobre la necesidad de legislar sobre la matería. De hecho, algunos expertos, a pesar de no conocerse la redacción del documento, consideran que es “complejo” definir qué es lo que será un delito y qué no, por lo que esperan que en el proyecto se detalle claramente los fundamentos de la iniciativa.
La cientista política del Instituto Libertad, Javiera Bayer, señaló a La Tercera que a pesar de que el proyecto aún no se presente, “el respeto a la autoridad siempre es algo positivo. El hecho de que no se pueda insultar a los Carabineros, no se le puede faltar el respeto es positivo, o sea, Carabineros hace mucho para protegernos, ¿qué hacemos nosotros para protegerlos a ellos?”.
Desde la otra vereda, el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (Udp), Alberto Coddou, calificó como “complejo” el proyecto, y manifestó que “por lo que he visto el proyecto apunta a proteger a Carabineros de insultos incluso verbales lo que es muy complejo del punto de vista de las atribuciones, porque Carabineros tiene el poder de detener a los individuos que se encuentren cometiendo algún delito, lo que en esta línea puede ser peligroso. Hay que marcar la línea de la libertad de expresión”.
El investigador de la UDP, sostuvo que “yo creo que más bien este es un proyecto simbólico, si es que no conocemos los fundamentos técnicos y que tengan sobre todo una consideración de derechos humanos”. El especialista añadió que “la Relatoría para la libertad de expresión ha dicho que la manera más peligrosa en que los gobiernos limitan la libertad de expresión es generando normas penales demasiado vagas y ambiguas, que no definen bien la frontera entre libertad de expresión y atribuciones penales de las policías”.
En el mismo sentido, la investigadora de la Universidad de Santiago (USACH), Lucía Dammert, manifestó que este proyecto debería ser “un reconocimiento mucho más simbólico que activo, porque lo que hemos visto en muchas imágenes en vivo y en directo es que la policía actúa con bastante fuerza, entonces esto no debería ser un ‘chipe libre’ para que la policía pueda actuar con más fuerza aún”.
“Me da la sensación que este es uno de los temas que se habla repetidamente. En el gobierno de la ex presidenta Bachelet también se discutió el tema de aumento de pena por maltrato de obra a Carabineros”, sostuvo la académica de la USACH, quien además instó a que la iniciativa debería traer consigo un proyecto que logre que Carabineros pueda ser juzgado por la justicia militar, en caso de que se cometan abusos.
La principal dificultad que consideran los expertos es, además de dónde estará la línea que demarque lo que es o no delito, que de aprobarse la ley, si Carabineros podrá extralimitar sus atribuciones.
Desde el Instituto Libertad, sin embargo, estiman que “hay que apelar a que el proyecto contará con las normas y con los procedimientos claros para que Carabineros no pueda extralimitarse en sus atribuciones. Pero de todas maneras hoy Carabineros cuenta con sus procedimientos institucionales propios para que ese tipo de cosas no ocurran”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, señaló, por su parte, que la iniciativa del Ejecutivo, puede ser considerado como un instrumento “utilizado para limitar de una manera arbitraria e ilegitima la libertad de expresión”.
“Hoy ya hay delitos que buscan proteger a Carabineros, y que es lo que efectivamente debe hacer el Estado: proteger a su fuerza policial. Pero lo que se quiere agregar podría ser mal utilizado y podría terminar siendo una forma de limitar la libertad de expresión y la protesta social”, indicó Nash.