Las penas para los autores de crímenes durante la dictadura no se pueden reducir y deben ser las que marcan las leyes y determinan los jueces. El Gobierno argentino y organismos de derechos humanos repudiaron ayer la propuesta del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, de reducir las condenas a acusados de genocidio a cambio de información sobre el destino de las víctimas de los regímenes militares en ese país.
La polémica proposición “es absolutamente errada, porque la legislación vigente no admite ningún mecanismo de negociación de penas a través de entrega de información a nivel federal”, respondió la ministra de Seguridad argentina, Nilda Garré.
A menos de una semana de la muerte del ex gobernante castrense Jorge Rafael Videla, De la Sota -un peronista enfrentado al Gobierno de la Presidenta Cristina Fernández- pidió este miércoles “un baño de reconciliación”.
Para ello, el gobernador sugirió reducir las penas a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, a cambio de información sobre el destino de los desaparecidos.
Al condenar la propuesta, Garré afirmó que De la Sota “históricamente perteneció a sectores de la derecha peronista” y no tuvo “posiciones del todo claras, de manera que no extrañan las opiniones que ha dicho”.
En la misma línea, el ministro de Justicia argentino, Julio Alak, insistió en que las penas para los autores de crímenes durante la dictadura no se pueden reducir y deben ser las que marcan las leyes y determinan los jueces.
“La Justicia tiene que extremar esfuerzos y conseguir la información por los mecanismos que el código establece”, sostuvo Alak.
La reacción de rechazo también fue unánime entre los organismos de derechos humanos, que criticaron al jefe de gobierno de Córdoba por desvalorizar con su iniciativa el trabajo de la justicia.