La Moneda mandó a un equipo jurídico encabezado por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, los que buscarán establecer responsabilidades penales y civiles Una conversación telefónica sostuvo ayer por la mañana el Presidente Sebastián Piñera desde Washington -ciudad a la que arribó el viernes por la noche- con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Según reveló el jefe de gabinete, en el diálogo abordaron las medidas que tomará el Gobierno para enfrentar el caso de exonerados y de pensiones vitalicias que fueron objetados por un informe de la Contraloría, donde se establece que al menos tres mil personas no cumplían requisitos para ser calificadas como beneficiarias.
“El Presidente me ha señalado que el Estado no puede permitir que pensiones que se han otorgado de forma ilícita se sigan pagando como si nada hubiese pasado”, dijo Chadwick, quien ejerce de Vicepresidente en ausencia de Piñera.
Este será ese uno de los ejes de la ofensiva que inició La Moneda para cancelar los pagos de pensiones a quienes hayan adquirido de forma “ilícita” la calidad de exonerado político.
Para ello, La Moneda mandató a un equipo jurídico encabezado por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, que reforzarán a la Subsecretaría del Interior. El grupo de juristas buscará, además, que se establezcan responsabilidades penales y civiles.
En La Moneda dicen que es fundamental que el Consejo de Defensa del Estado se querelle. “Queremos que el CDE pueda evaluar los hechos para formalizar una querella si lo estima conveniente”, dijo Chadwick, quien aseguró que este caso podía estar dentro de los fraudes al Fisco “más grandes que se han conocido en nuestra historia”.
El ministro además apuntó a las responsabilidades políticas y dijo que son “claras y evidentes” ya que la certificación de exonerados políticos “se produjo durante los gobiernos pasados”, específicamente en las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Además, Chadwick agregó que en época electoral aumentó la entrega de pensiones irregulares.
Sin embargo, una de las aristas apunta a que la Contraloría General de la República objetó 3.078 pensiones vitalicias que fueron aprobadas durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de un total de 5.917 casos cuestionados.
Si bien el organismo fiscalizador no cuestiona la calidad de exoneradas de estas personas, discrepa del criterio aplicado desde 2009 por el Instituto de Previsión Social (IPS) para conceder pensiones de por vida.
Días atrás, el presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, aseguró que existen 100 mil casos falsos de un total de 160 mil en nuestro país.
RN presenta proyecto

Si bien en La Moneda buscan frenar los pagos, el análisis del Gobierno señala que el acto administrativo, que concedió el beneficio, no puede ser revertido después dos años. Por tal razón, en Palacio explican que dicho cambio solo puede realizarse a través de tribunales o por una nueva ley.
En esa línea, la bancada de diputados RN presentará esta semana un proyecto que busca revocar la calidad de exonerados políticos a quienes se acredite que adquirieron de forma irregular dicha calificación, y de esa forma cancelar los pagos de pensiones.
La iniciativa fue discutida en una reunión en La Moneda que sostuvieron los diputados RN, Karla Rubilar, Cristián Monckeberg y Leopoldo Pérez; los UDI, Gustavo Hasbún y Cristián Letelier, con Chadwick y el subsecretario Rodrigo Ubilla.
“La manera más rápida y más expedita es que el mismo Parlamento, a través de una ley, le quite esa calidad a quien la obtuvo de forma fraudulenta”, explicó Monckeberg tras la cita.
En el oficialismo precisan, sin embargo, que el objetivo es anular las pensiones de aquellos casos fraudulentos y no quitar beneficios a reales exonerados, a quienes les falte un documento.