
Por “vivienda irregular” se entiende el arriendo, venta o transferencia informal con fines no habitacionales del inmueble social.
El estudio también reveló que las viviendas sociales que se encontraban vacías o deshabitadas llegan al 1,5% (1.422 casos).
A nivel regional, la encuesta, aplicada en el año 2012, arrojó un 17,6% de viviendas vacías o irregularmente ocupadas en la Región de O’Higgins, siendo la más alta del país. Mientras, en la región de los Ríos no se registraron casos.
Para el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, el estudio sirve para dimensionar la magnitud de las irregularidades detectadas en el uso de las viviendas sociales, y acelerar los procedimientos para corregir las anomalías. Agregó que el informe Dictuc también incluye recomendaciones para subsanar las falencias.
“Por un lado, estamos recurriendo a los tribunales de Justicia para la devolución de los subsidios y, por otro, estamos enviando en estos días un proyecto de ley al Congreso Nacional para recuperar las viviendas sociales y poder reasignarlas a familias vulnerables con real necesidad habitacional”, dijo.