Los cuatro precandidatos presidenciales que competirán para nominar al ganador como presidenciable del pacto “Nueva Mayoría” o Concertación ampliada para las elecciones generales del 17 de noviembre próximo, tienen el común denominador de haber sido ex ministros de Estado y tres de ellos durante el mandato del Presidente Ricardo Lagos Escobar. El candidato de la Falange, Claudio Orrego Larraín, es un abogado de 47 años, que fue además, ex alcalde de la comuna de Peñalolén en Santiago. Postula entre otros temas, terminar con el sistema binominal de elecciones para “introducir más competencia al sistema político, permitiendo su renovación”.
También propone una reforma tributaria para financiar la educación y disminuir la desigualdad en el país, planteando que hay que recaudar en cuatro años, cinco mil millones de dólares para el efecto. “Llegó el momento de pasar de los anuncios generales a las propuestas específicas”, y terminar con “los privilegios a los más ricos”, aumentando impuestos a las empresas y disminuirlos en las personas.
El candidato de la Democracia Cristiana, durante la campaña proselitista fue el único que visitó dos veces Punta Arenas, manifestando serios planteamientos de entregar a las regiones “atribuciones reales” de autogestión, eligiéndose a los intendentes y entregando mayores herramientas de gestión a las municipalidades.
En materia energética, concordó con el planteamiento de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, en sentido de convertir a ENAP en una empresa energética, manifestando que de una vez por todas Chile “necesita una política energética y no puede seguir dependiendo de la oferta y la demanda, debiendo ser el Estado el que intervenga”, afirmó Orrego.
La precandidata de 62 años, tiene la experiencia de haber sido Presidenta de la República.
Durante su corta visita a Punta Arenas el 24 de abril pasado, que sólo duró 12 horas, la precandidata, poco se refirió a temas específicos regionales, dado que fue “encapsulada” por su comando, estando “distante” a responder preguntas o interrogantes periodísticas. No se le conoció opinión sobre temas energéticos y sobre regionalización, sólo manifestó que “es una de las demandas más sentidas de las personas de las regiones con las que he podido conversar. Y yo creo que tienen toda la razón”.
Bachelet también ha dicho: “Yo no le cierro la puerta a una Asamblea Constituyente. Lo único que voy a decir es que va a ser una vía chilena, no va a ser una vía copiando a nadie de ningún otro país”, agregó, para buscar un cambio al sistema binominal de elecciones parlamentarias.
Junto con lo anterior, también ha planteado una reforma tributaria para hacer frente a los cambios que requiere la educación pública, esperando recaudar más de 8 mil millones de dólares.
“Elevaremos gradualmente, en un plazo de 4 años, la tasa del impuesto a las empresas del 20% al 25%”. En relación al Fondo de Utilidad Tributaria, FUT, manifestó que “los dueños de las empresas deberán tributar por la totalidad de las utilidades y no sólo sobre las utilidades retiradas”, dado que el contexto del fondo ha cambiado después de 30 años. “Hoy podemos avanzar hacia instrumentos más modernos y eficientes”.

El precandidato independiente del pacto “Nueva Mayoría”, Andrés Velasco Brañes, de 53 años, quien no visitó la región, es reiterativo en señalar que quiere “para Chile un gobierno basado en los ideales de libertad e igualdad. Pero no queremos más de lo mismo”, fustigando desde el inicio de su campaña a la clase y partidos políticos.
Velasco ha manifestado que con su candidatura comenzó a construir una “matriz ideológica liberal, humanista y progresista que tanta falta le hace a Chile. Creemos que libertad e igualdad pueden y deben conjugarse. Que hay más complementariedad que tensión entre estos dos ideales. Que no hay verdadera libertad para las personas si no gozan de ciertos estándares mínimos en nutrición, salud, vivienda y educación y que el Estado tiene un papel clave que jugar en la garantía de estos mínimos sociales. Pero, al mismo tiempo, que la libertad y la dignidad de las personas jamás deben ser vulneradas con la excusa de alcanzar éste u otro objetivo económico o social”.
El independiente, también plantea una reforma tributaria para hacer frente a los problemas de la educación y salud públicas.
“Queremos una reforma que corrija la marcada inequidad de nuestra estructura tributaria, donde chilenos con niveles similares de ingresos pagan impuestos muy distintos” producto de acomodos y evasiones tributarias.


El precandidato presidencial del Partido Radical Social Demócrata, abogado de 60 años, José Antonio Gómez, quien no visitó la región en campaña proselitista, en una entrevista a Diario El Pingüino, concordó con su colega Orrego al manifestar que debe existir una ENAP que “tenga una mirada del desarrollo energético y que no sea un desarrollo sólo economicista”.
ENAP no puede seguir siendo una Empresa Nacional del Petróleo, sino que hay que inmiscuirla e integrarla en este proceso de un sistema energético con una mirada hacia el futuro.
En materia tributaria, Gómez es de opinión de establecer criterios regionales. “La mirada nuestra tiene que ver con una región que tenga autonomía, recursos y facultades, y eso va a permitir un desarrollo propio de la región, que no seamos nosotros, a miles del kilómetros, los que tomemos las decisiones”, argumentó, añadiendo que hay que hacer esfuerzos serios para descentralizar el país.
“Queremos una revolución regionalista en donde el territorio tenga poder para tomar decisiones. Abogaremos por la elección democrática de las autoridades regionales hasta un Gobierno Ejecutivo Regional electo y por establecer un ciclo de elecciones territoriales. Esto se debe acompañar con una mayor posibilidad de tomar decisiones con servicios públicos y tribunales descentralizados, así como una reformulación completa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional”, dijo Gómez Urrutia.