“Las reformas para el Congreso del Bicentenario”, que empezaron a regir el año pasado, fueron impulsadas por el presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, Rodrigo Álvarez (UDI) y Jovino Novoa (UDI), presidente del Senado. “Reformas para el Congreso del Bicentenario”. Esa fue la necesidad que identificaron los ex presidentes UDI de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Álvarez y Jovino Novoa, respectivamente, tras conocerse una serie de irregularidades en el gasto de las asignaciones de algunos diputados el 2009.
Dos organismos se crearon tras ese análisis, el Consejo Resolutivo para Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.
El 3 de julio de 2010 se modificó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de conformar ambos organismos. El consejo, con el propósito de “determinar,(…) el monto, el destino, la reajustabilidad y los criterios de uso de los fondos públicos destinados por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria”, señala la ley.
Se entiende como ejercicio del rol de diputados y senadores “las actividades para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes”.
Este consejo, debe considerar los acuerdos y resoluciones adoptadas por los organismos internos de cada cámara. “Oirá a las comisiones de Régimen Interno del Senado y de la Cámara de Diputados”.
Las personas que conforman el consejo, son propuestas por una comisión bicameral, compuesta por cuatro senadores y cuatro diputados, quienes designan a un ex consejero del Banco Central, un ex decano de una facultad de Administración, Economía o Derecho, un ex senador, un ex diputado y un ex ministro de Hacienda o Economía, o ex director de Presupuesto.
Y aunque la ley se modificó derante el 2010, recién comenzaron a operar bajo una nueva normativa en enero de 2012.
Todo lo anterior en virtud de las denuncias periodísticas realizadas el año 2009 alusivas a irregularidades cometidas por los parlamentarios Claudia Nogueira (UDI), Julio Dittborn (UDI), Jorge Sabag (DC) y Maximiano Errázuriz (RN).
El programa “Informe Especial” de TVN, hizo las primeras denuncias que relataban irregularidades en los arriendos de sedes distritales, al que siguió un reportaje de La Nación sobre el mismo tema. Ambos trabajos peridísticos provocaron gran impacto público.
Haciendo memoria
La diputada Claudia Nogueira pagó con dineros públicos, sin que nadie se lo cuestionara, a dos asesores que luego, le devolvieron esos dineros depositando en una cuenta de la misma parlamentaria. Sus asesores (2)recibían cheques mensuales por alrededor de $ 800 mil y un millón de pesos, montos que luego depositaban en una cuenta bipersonal de la congresista y su esposo. Como nadie revisaba si esas asesorías se habían cumplido o si su calidad correspondía al precio que por ellas se pagaba, no se pudo acreditar el ilícito hasta que llegó a ser materia judicial.
El caso Errázuriz
En tanto, Maximiano Errázuriz arrendó falsamente una oficina ubicada en calle Huérfanos, lo que entre 2004 y 2006 le reportó un beneficio de $ 8.723.061. Entre 2006 y 2009, el ex parlamentario arrendó nuevamente el inmueble, incluso falsificando la firma de una supuesta dueña, ingresando a su cuenta corriente el monto de $ 7.019.864.
Asimismo, entre abril de 2004 y julio de 2006, Errázuriz cobró $ 4.504.153 por el supuesto arriendo de una sede distrital en Puente Alto. Y entre 2006 y 2009, recibió poco más de 10 millones, tras presentar un contrato falso de arriendo del mismo inmueble.
Una, resultó ser en realidad la oficina de su estudio de abogados, la segunda jamás funcionó como sede y otras dos resultaban más baratas de lo que Errázuriz cobraba a la Cámara de Diputados, para así quedarse con la diferencia. El abogado que lo defendió alegó que el fraude no sería tal, porque las asignaciones parlamentarias no son ley sino que acuerdos internos; que no existió perjuicio porque no hubo enriquecimiento personal y que no mintió al Comité de Auditoría Parlamentaria porque éste ni siquiera existía (fue creado después). Producto del escándalo, Errázuriz reconoció los ilícitos. Además devolvió a la Cámara un monto superior al defraudado, aproximadamente $31 millones, que le permitieron acceder al procedimiento abreviado, y el tribunal le reconoció distintas atenuantes.
La sentencia en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago: tres años y un día de pena remitida y una multa por el 10% de lo que defraudó. Aunque como medida precautoria, pudo cumplir su sentencia en cuatro años de libertad vigilada.
Así, a Maximiano Errázuriz (RN) le salió caro el arriendo de sus sedes parlamentarias: cuatro años de libertad vigilada, una multa y la imposibilidad de por vida a optar a cargo público. El abogado se convirtió en el primer diputado condenado por defraudar al fisco por uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias.
Los atenuantes para que Maximiano Errázuriz no se fuera preso, fueron la irreprochable conducta anterior, el pago de una reparación de 30 millones de pesos y la colaboración que prestó en todas las instancias de la investigación.
El Código Penal establece que el ex RN queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o trabajos en el Estado, por lo que se cierra toda posibilidad de actividad política.
Senador magallánico
¿Qué es lo que podría ocurrir con el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi?. Quien fue denunciado por el diputado Miodrag Marinovic de arrendar casas a sus familiares para usarlas como oficinas parlamentarias, cancelar montos excesivos y además con dinero de todos los chilenos.
Las acusaciones, investigadas por la fiscalía. son muy similares a las que llevaron a condenar al diputado Errázuriz.
El diario “El Mercurio” de Santiago, en una crónica publicada en su cuerpo de noticias nacionales, publicó sobre las supuestas irregularidades que conformarían la figura delictual de fraude al fisco, que habría cometido el honorable senador de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech.
Los hechos señalan que la Fiscalía de Punta Arenas, investiga una negociación incompatible por arriendo a parientes directos de una oficina parlamentaria en Punta Arenas, ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto, entre Magallanes y Lautaro Navarro.
El diputado Miodrag Marinovic, presentó una querella contra el “honorable” senador luego de recibir antecedentes desde el Senado, de pagos excesivos con fondos públicos de la sede parlamentaria del legislador, que llegó al canon mensual de
$ 1.000.298.
De comprobarse los hechos denunciados, y de acuerdo a los montos involucrados, se estaría concluyendo que se realizaron pagos superiores a los 56 millones de pesos que giró el Senado de la República, para la cancelación de dicho arriendo a la familia de Bianchi Chelech.