Jessica Bengoa, presidenta de la Cut, junto a varios presidentes y representantes de sindicatos, realizaron un llamado a paralizar Magallanes este jueves. Invitamos como Central Unitaria de Trabajadores Provincial Magallanes a participar del Paro Nacional convocado para este jueves 11 de julio a los sindicatos de trabajadores del sector público y privado, a los obreros que no estén sindicalizados, a las dueñas de casa. Hacemos un llamado a los estudiantes de la enseñanza media y universitaria. A sus profesores y asistentes de la educación. A las juntas de vecinos y otras organizaciones de la sociedad civil.
Recordamos que nuestras principales demandas como Central Unitaria de Trabajadores son: una Reforma Tributaria, una Nueva Institucionalidad Laboral, el Fin de las AFP y un Salario Mínimo Digno.
Con respecto al sistema de pensiones, el objetivo es poner fin al sistema de AFP, creadas en dictadura, por José Piñera, hermano del actual presidente. La CUT ha indicado que los 30 años de AFP han significado la expropiación del 13% de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, agregando que sólo el 2012, las cotizaciones sumaron 4,3 billones de pesos.
Además, recalcamos que el 60% de los afiliados hoy, tendrá una pensión de 150 mil pesos, por lo que se propone la creación urgente de un nuevo sistema estatal de pensiones, de carácter público y sin lucro, con aporte compartido entre trabajador y empleador, y con reparto solidario. Con un sistema nacional que recaude, invierta y pague pensiones. Donde declarar la cotización y no pagarla, sea motivo de cárcel y no sólo de multa.
A esto se suma el debate por el salario mínimo, donde es importante tener en cuenta que, según las últimas estadísticas: el 25% de los trabajadores no gana más de 200.000 pesos, que el 50% de los trabajadores no gana más de 307.000 pesos y que el 75% de los trabajadores no gana más de 559.000 pesos, cifras que comprueban que el 80% de los chilenos, pese a tener trabajo, están en condiciones de pobreza.
En lo que refiere a la necesidad de impulsar una reforma tributaria, es importante tener claro que el presupuesto nacional se basa en los impuestos que pagan los trabajadores y no en los impuestos a las grandes empresas: En Chile la recaudación tributaria equivale al 20% del PIB. Las franquicias y exenciones tributarias equivalen al 5% del PIB. El 81% de ese monto se lo lleva el 5% más rico de la población. Por eso, la CUT propone como solución una reforma tributaria que genere los recursos que el país necesita para invertir en educación y salud, gratuitas y de calidad, que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
Esta reforma le permitiría al Estado un desarrollo sustentable, gravando con más carga impositiva a aquellos que más ganan, evitar la evasión de impuestos, para que las empresas tributen en base a las utilidades obtenidas y devengadas y no sólo por las utilidades retenidas. Así como conseguiría evitar la excesiva concentración geográfica de los impuestos, dejando un porcentaje de éstos en las regiones donde se ubican las empresas productivas.
También hacemos hincapié en que nuestro país requiere, urgentemente, una Nueva Institucionalidad Laboral, que abarque tanto al mundo público como privado y que, además de nuevas leyes y Nuevo Código del Trabajo, establezca un nuevo trato con los trabajadores.
Se requiere un nuevo código, construido democráticamente y con participación de los trabajadores, que fortalezcan la negociación colectiva y la sindicalización, en el que la Dirección del Trabajo sea una herramienta del Estado para defender de los abusos y arbitrariedades a los trabajadores, y no sólo una instancia de mediación frente a los conflictos que favorecen a los empleadores; en el que haya una negociación colectiva real, que reconozca la negociación inter empresa, sectorial o ramal, y que valide el sindicato como único negociador, garantizando que los beneficios ganados por éste sólo sean efectivos para quienes sean parte de la organización sindical, y donde el piso de negociación sea lo obtenido en el último proceso, y no partir cada vez de cero.
Por último, se concluye en la necesidad modificar el actual estatuto administrativo, asegurar un trabajo decente para los empleados del sector público, terminando con los funcionarios a contrata y a honorarios, fortaleciendo de esta manera la carrera funcionaria para así tener servicios públicos de calidad.