
Recordó que tras la puesta en marcha de la ley 20.305, que instauró este aporte estatal tendiente a complementar la pensión obtenida por funcionarios públicos afectados por el daño previsional, advirtió la existencia de numerosos casos de funcionarios que habían sido excluidos en razón principalmente de haber renunciado antes de solicitar el bono o que no habían sido postulados oportunamente por sus empleadores.
Lo anterior motivó la presentación de una moción parlamentaria y también de una solicitud a los Ministerios de Hacienda y del Trabajo para hacerse cargo del problema, lo que fue acogido, dictándose la ley 20.636 que vino a solucionar diversas omisiones y errores en la normativa original.
“Pese a esta segunda ley aclaratoria, un grupo de funcionarias aún no lograban acceder al bono postlaboral, por lo que siguió insistiéndose para que la Contraloría General de la República y la Tesorería modificaran sus criterios para dar lugar a los pagos, lo que ha ocurrido recientemente." Explicó el parlamentario.
A juicio de Muñoz, lo anterior viene a hacer justicia a este grupo de funcionarias que podrán recibir así este bono que, aún cuando está lejos de reparar íntegramente el daño previsional, constituye, sin lugar a dudas, una importante ayuda respecto de las bajas pensiones derivadas del sistema de capitalización individual.