La Contraloría General de la República rechazó la modificación al Plan Regulador de Punta Arenas, señalando que dicho acto administrativo no se ajusta a derecho. De acuerdo con el informe, “del análisis del Plan Regulador comunal de la especie, se advierte que el mismo no se ajusta a los referidos criterios jurisprudenciales y, por tanto, al ordenamiento jurídico pertinente, razón por la cual sólo cabe, en el presente examen previo de legalidad, dar por reiteradas las observaciones y precisiones consignadas en dicha jurisprudencia, cuya existencia y contenido -atendido su carácter público- no ha podido sino ser conocida por parte de todos los órganos y funcionarios que participaron en su tramitación, para quienes su cumplimiento es obligatorio”, dice el informe firmado por Osvaldo Vargas Zincke, abogado jefe, de la División de Infraestructura y Regulación.
En este contexto, se debe revisar la totalidad de sus disposiciones, a fin de armonizar su contenido con los criterios ya establecidos por la entidad de control.
El documento de la modificación del Plan Regulador de Punta Arenas había sido remitido para su control previo de legalidad por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Los planes reguladores comunales constituyen instrumentos de planificación territorial que están sometidos a un procedimiento reglado de elaboración y aprobación.