Antonella Gimena Caciamani Gordillo y Daniela Camila Águeda Vega, se encuentran privadas de libertad en la cárcel de Punta Arenas. El abogado defensor Ramón Bórquez tiene las esperanzas de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas le permita a las dos mujeres condenadas recientemente a dos años de presidio por tráfico de drogas, a cumplir la pena en libertad, lo que en primera instancia fue negado por el juez Jaime Álvarez.
En su argumentación sobre el futuro judicial de Antonella Gimena Caciamani Gordillo (20 años), y Daniela Camila Águeda Vega (19 años), el magistrado establece que “el tribunal no puede dejar de considerar la naturaleza, modalidad y móviles determinantes del delito, que permitan presumir que no volverán a delinquir. Es así que el tráfico de drogas, por el cual se les acusa, afecta ostensiblemente la salud pública de la población a la cual se dirige, amén de ser antecedente directo o indirecto de otros tantos delitos contra las personas y la propiedad”.
Además que la modalidad utilizada “también resulta considerable puesto que atravesaron la frontera con el fin de distribuir la droga en esta zona y además los móviles resultan ser claramente económicos, lo que revela estar dispuestas a correr serios riesgos con fines de lucro, toda vez que resulta evidente que la droga no estaba destinada a su consumo y a ser distribuida entre amigos, sino a ser traspasada a terceras personas, generando una ruta de tráfico que es dable presumir que no pararía allí”.
Las mujeres admitieron responsabilidad en la acusación que el fiscal Oliver Rammsy presentó en contra de ellas. Por eso el caso se resolvió a través de un procedimiento abreviado, donde existía coincidencia entre los intervinientes de que las jóvenes serían beneficiadas con el cumplimiento de la pena en libertad. Finalmente ello no sucedió y el magistrado las condenó a dos años de presidio efectivo.
En el recurso, Ramón Bórquez solicita para Antonella Gimena Caciamani Gordillo (20 años), que se le conceda el beneficio de la remisión condicional de la pena, o en subsidio, el de la libertad vigilada; por el mismo lapso de la pena impuesta; “y además, que se disponga expresamente que el cumplimiento de la medida alternativa aplicada, se realice ante el consulado chileno más cercano al domicilio de la imputada, en Río Grande, Argentina, y que se disponga su expulsión del territorio nacional”.
Y para Daniela Camila Águeda Vega (19 años de edad), confía en que le concederán el beneficio de la remisión condicional de la pena; o en subsidio, el de la libertad vigilada; por los mismos dos años de la pena.
Hace tres meses ambas imputadas viajaron de Río Grande (Argentina) a Punta Arenas, pero fueron detenidas cuando bajaban del bus porque la policía sabía que traían marihuana paraguaya prensada.