Tener herramientas jurídicas que puedan ser más eficaces en la lucha contra la delincuencia, y sobre todo, que las personas que son víctimas de delitos puedan sentirse más protegidas, es el objetivo de las indicaciones al proyecto sobre reformas al Código Procesal Penal, que fueron presentadas por el Ejecutivo en el Congreso. En ese sentido, el gobernador de la provincia de Magallanes, Segundo Álvarez, comentó que durante las reuniones en las juntas de vecinos, ha sido testigo de la disconformidad de algunos vecinos en materia de seguridad, por lo que él los ha instado a realizar las denuncias, ya que sin ellas las Policías no pueden focalizar sus recursos para combatir el delito.

Por lo anterior, la autoridad provincial hace un llamado a los parlamentarios de Magallanes a que apoyen las reformas al Código Procesal Penal, ya que asegura “esto no se trata de colores políticos, sino de realizar los perfeccionamientos para poder ser más eficaces en la lucha contra la delincuencia, y se traduzca en que los responsables de delitos sean detenidos, y que las víctimas sientan que realmente se hace justicia”.

Las once indicaciones presentadas por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick junto a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y tres senadores de la Alianza, hacen referencia a dos ámbitos distintos: el fortalecimiento de las atribuciones policiales y el otorgamiento de nuevas facultades a los jueces de garantía.

En el primer ámbito, se estipula aumentar las facultades de la Policía para practicar de inmediato las primeras diligencias de la investigación de un delito; además se busca facilitar el examen de las vestimentas, equipaje o vehículo detenido; también permitirles registrar lugares cerrados sin autorización judicial previa; e incorporar un nuevo caso para que la Policía detenga a un delincuente en delito flagrante, que es cuando quede de manifiesto la sospecha de participación por medios fotográficos o audiovisuales.

En cuanto a los jueces de garantía, se busca aumentar sus facultades para dejar en prisión preventiva al imputado de un delito, estableciendo que el juez podrá decretarla cuando lo estime necesario y por otra parte, deberá valorar que hay peligro de fuga cuando el imputado registre una o más órdenes de detención o reiteradas detenciones anteriores.