Chile aparece con riesgo moderado. En América Latina lo superan Brasil y Colombia, con nivel bajo, mientras que Venezuela es calificado de “muy alto riesgo”. Según la ONG, el costo anual de la corrupción en este ámbito ronda los US$ 20 mil millones. El reciente informe “Guardianes” elaborado por Transparencia Internacional (TI), que evalúa el rol de los parlamentos a la hora de controlar y combatir los riesgos de corrupción en el sector Defensa, incluye a seis países latinoamericanos en un total de 82 alrededor del mundo.

En ese grupo, Chile aparece en la categoría de riesgo “moderado” junto a Argentina y México, mientras que Brasil y Colombia exhiben un riesgo “bajo”.

Venezuela, en cambio, es catalogada como un país de “muy alto riesgo”, dentro de un variado abanico de naciones que incluye a China, Irak, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, entre otras.

Los países mejor evaluados, aquellos con “riesgo bajo”, son sólo cuatro: Australia, Alemania, Noruega y Reino Unido. Entre los que salen peor parados, con un índice de “riesgo crítico” en materia de corrupción en Defensa, figuran países como Angola, Egipto, Eritrea, Irán, Libia, Arabia Saudita y Siria.

El estudio sugiere que los sistemas presidenciales tienen un mayor riesgo de corrupción que los no presidenciales.

La corrupción, agrega, también parece aumentar cuando los uniformados conforman una mayor proporción de la población, en vista de que las FF.AA. más grandes tienen más influencia y poder de lobby ante los tomadores de decisiones, lo que socava la supervisión parlamentaria en Defensa.

El estudio de Transparencia Internacional mide las capacidades y herramientas que tienen los actores del Poder Legislativo en las naciones encuestadas para controlar y focalizar los procedimientos de adquisición de equipos militares.

Por ejemplo, una de las conclusiones es que el 70% de los mayores importadores de armas en 2012 dejan la puerta abierta a la corrupción.

En el balance general, concluye el informe, en la mayoría de los 82 países analizados falta fiscalización y control en el ámbito de la Defensa, lo que facilita la corrupción: “Dos tercios de los parlamentos no tienen políticas de control eficaz para detectar corrupción en la Defensa”.

Esto significa que ni el Parlamento ni su procedimiento legislativo tienen mecanismos suficientes para el control de su Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

Para TI, el 85% de los congresos carece de escrutinio eficaz en esta materia.

El análisis se hizo mirando siete dimensiones clave: Supervisión y debate del presupuesto, Transparencia del presupuesto, Auditoría externa, Supervisión y debate político, Supervisión de los presupuestos secretos, Supervisión de los servicios de inteligencia y Supervisión de las adquisiciones.

“La corrupción en Defensa es peligrosa, divisiva y antieconómica, y el costo es pagado por los soldados, empresas, gobiernos y ciudadanos. La mayoría de los congresos les están fallando a sus electores al no actuar como guardianes de este gran sector. Si los problemas son debido al ambiente político, la legislación deficiente o el pobre compromiso por parte de los parlamentarios, los ejemplos de buenas prácticas en este estudio pueden ayudar a mejorar”, dijo Mark Pyman, director de la ONG.

Pyman agregó que el costo global de la corrupción en el sector de Defensa asciende a un mínimo de 20 mil millones de dólares al año, en base a datos del Banco Mundial y del Instituto de Investigación de Paz Internacional de Estocolmo.

El análisis que hace TI sobre nuestro país es claro: “El Gobierno chileno informa al Congreso sobre asuntos de defensa, pero el Congreso no tiene poder para fijar la agenda de Defensa o de veto”.

Además, dice, “el Gobierno fija los términos del debate público sobre la Defensa a través de la liberación selectiva de información, y hay una falta de Defensa específica contra la corrupción política y las instituciones. La ley de presupuesto general permite la transparencia presupuestaria justa, pero está debilitada por la falta de conocimiento público”.