
Además, Carroza ofició al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para que remita la información necesaria a la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, quien quedará a cargo de las diligencias.
“Dese una orden de trámite a la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, a fin que en relación a las víctimas detalladas en el cuerpo de la presentación (106) se efectúen las diligencias necesarias de recopilación de información, tanto en fuentes abiertas como institucionales, acerca de la existencia de investigaciones judiciales previas por cada uno de ellos” dice el documento al que tuvo acceso La Tercera.
De acuerdo a la denuncia presentada “a partir del 4 de noviembre de 1970, con la asunción del Gobierno del sr. Salvador Allende Gossens, se constituyeron en nuestro país una serie de grupos armados paramilitares que utilizaron la violencia política y cometieron atentados” en contra de personas civiles e uniformadas.