“Este país está enfermo de odio y esta vez lo ha demostrado un Gobierno de centro derecha. La Concertación nunca hizo algo similar”, refutó Maite Contreras, hija del ex militar jefe de la DINA. El Presidente Sebastián Piñera anunció ayer la clausura del Penal Cordillera, en la comuna de Peñalolén, donde 10 ex militares de alto rango permanecen recluidos por graves violaciones a los derechos humanos.
“El Gobierno, tomando en cuenta tres principios, el de igualdad ante la ley, seguridad de los internos, y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería, ha decidido el cierre del centro y el traslado de los internos al Penal Punta Peuco”, dijo desde La Moneda.
Según el Mandatario, con esta determinación se están satisfaciendo fundamentos “que deben regir en todos los actos y acciones” del Ejecutivo.
Aunque no aclaró la fecha en que los ex uniformados serían derivados al centro penitenciario ubicado en Tiltil, Piñera sostuvo que será Gendarmería el que realizará este proceso “en el momento oportuno”.
“Por supuesto que el Gobierno, al tomar esta decisión, ha tomado en cuenta las disponibilidades del centro penitenciario Punta Peuco, que tiene todas las facilidades y capacidades para recibir a los 10 reclusos”, añadió.
El cierre del Penal Cordillera fue adoptado un día después de que se reflotara la polémica por los beneficios que reciben los reos que allí se encontraban, entre ellos, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), general (R) Manuel Contreras, y el brigadier (R) Miguel Krassnoff.
Éstos, según constató un informe elaborado por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, gozaban de “buenas condiciones materiales” e, incluso, tenían asistencia social y médica en sus cabañas de reclusión.
“Las celdas de aislamiento no existen. Cuando se comete una falta se suspenden las visitas y se debe entregar la vianda limpia”, reseñó el documento.
El centro penitenciario, emplazado al interior del comando de Telecomunicaciones del Ejército, fue creado mediante el decreto 956, el 22 de noviembre de 2004, bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos.
Maite Contreras, hija del ex militar jefe de la DINA, Manuel Contreras, criticó el anuncio del Gobierno de cerrar el Penal Cordillera, en donde su padre cumple codena junto a otros nueve uniformados procesados por violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen militar.
“Esto sólo responde a una cruel venganza (...) mi padre está gravemente enfermo. Si mi papá muere haremos responsable a quien corresponda”, afirmó.
Asimismo, Maite Contreras reiteró que en el penal los internos “no cuentan con celulares, ni con internet, no existe piscina, ni canchas de tenis”, e insistió en que Gendarmería no otorga beneficios ni lujos a quienes residen en el lugar.
“Mi padre cumple condena y nunca se ha comprobado nada en su contra. Él está cumpliendo su condena como soldado. El dolor de mucha gente en este país es recíproco, hay familias que están sufriendo”, aseguró.
“Mi papá es un hombre que tiene sentimientos”, señaló y agregó que cuando el ex uniformado estuvo a cargo de la DINA “nunca quiso dañar a nadie”.
“Este país está enfermo de odio y venganza y esta vez lo ha demostrado un Gobierno de centro derecha. La Concertación nunca hizo algo similar”, refutó.
Para el general (r) del Ejército y ex presidente de la Fundación Pinochet, Luis Cortés Villa, aseguró que el cierre del Penal Cordillera donde cumplen su pena 10 militares condenados por violaciones a los DD.HH., obedece a “una venganza” por parte del Presidente Sebastián Piñera y que es una reacción “que no está a la altura de un Gobierno”.
No obstante, el ex militar declaró que las decisión que tomó el Jefe de Estado “me imagino que la habrá pensado, la habrá razonado y la resolvió conforme al mandato que él tiene”.
“Es una reacción que no la felicito en absoluto. El Presidente Piñera nunca planteó esto en su programa de Gobierno y nunca lo escuchamos que los que votaron por el Si estaban equivocados”, añadió en conversación con CNN Chile.