Documento afirma que hay 7 oficiales y 38 funcionarios en retiro que enfrentan “dificultades judiciales derivadas del desempeño de su cargo en la Armada durante el gobierno militar”. El costo mensual de la defensa alcanzaría a los $10 millones. En medio de la polémica por el cierre del Penal Cordillera y la muerte del ex jefe de la CNI, Odlanier Mena, trascendió la existencia de una discreta campaña, difundida entre agrupaciones de uniformados en retiro de la Armada, para crear un “Fondo Solidario” que permita ayudar a quienes hoy enfrentan “dificultades judiciales derivadas del desempeño de su cargo en la Armada durante el gobierno militar”, según señala un documento, en una publicación aparecida ayer en La Segunda on line.
El texto afirma que hay siete oficiales y 38 funcionarios en retiro afectados por diversos procesos, “principalmente originados durante los años ‘73 al ‘76 y agrega que es posible que en el futuro “nuevas causas aumenten la cantidad”.
Asimismo, señala que la defensa de estos 45 casos implica un costo promedio mensual de $ 10 millones mensuales, pero dada su situación legal, a los afectados les es difícil acceder a fuentes laborales.
“Algunos de estos procesos se han extendido hasta diez años”, afirma Carlos Arriagada, brigadier secretario del Centro de ex Cadetes y Oficiales “Caleuche”, una de las entidades que ha difundido la campaña. “Son personas que muchas veces terminan siendo declarados inocentes, pero los juicios tienen una duración extremadamente larga y con un costo muy alto”.
Arriagada afirma que la iniciativa ha tenido “una buena acogida” y están participando “prácticamente todos los centros de personal en retiro de la Armada”. La idea es que los interesados firmen un mandato para efectuar un “pago automático” con descuento a cuenta corriente.
De acuerdo a la información difundida, encargada de recaudar y canalizar los fondos está la Legión de Infantería de Marina (Legión IM). Consultado su presidente, Arturo Fuenzalida, señaló que su intención es “mantener esta acción solidaria en el plano de lo estrictamente personal y voluntario”, por lo que no contemplan hacer otra difusión “que no sea entre nuestros socios y camaradas”.
El texto que llama a colaborar, al que tuvo acceso “La Segunda”, recuerda que la Armada está imposibilitada de pagar los abogados de los uniformados en retiro procesados, aunque afirma que es la institución la que “está preocupada de estos casos”, por lo que “ha solicitado apoyo a varias instituciones afines”.
Asimismo, se señala que también “se están haciendo gestiones con el personal en servicio activo”, a los que incluso se les han sugerido montos mínimos de cooperación, de $ 2.500.
Desde la Armada declinaron referirse al tema, aunque se indicó que cualquier aporte es “personal”.
Situación en el Ejército
Hasta el año 2007 -durante las gestiones del ministro de Defensa Jorge Goñi y el comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta- el Ejército contaba con un sistema de descuentos por planilla para pagar la defensa judicial de efectivos procesados, sistema que se eliminó dejando que las ayudas fueran de carácter voluntario y gestionadas fuera de la rama castrense.
Desde el Ejército confirmaron ayer que no existen mecanismos oficiales para cooperar en estos casos.
Tras el fin de los descuentos el 2007, se creó la ONG Jure, que busca “proveer de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las defensas judiciales” de ex integrantes del Ejército procesados. Las sumas se reúnen entre particulares y entes privados, pero en la entidad declinaron referirse al tema.
En otro tema, el Laboratorio de Criminalística de la PDI está periciando las cartas dejadas por el general (r) Odlanier Mena antes de suicidarse la mañana del sábado.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, se trata de “varias misivas” que fueron encontradas tanto en el departamento de Las Condes, donde falleció mientras estaba con salida de fin de semana, como en la cabaña donde cumplía condena en Penal Cordillera.