Por 15 días fue reabierto el caso que busca determinar si hubo o no entrega de información privilegiada a terceros en el caso Cruz de Froward, y donde existe una querella en contra de la fiscal Wendoline Acuña. Acuña, quien justamente conduce la investigación por estafas reiteradas e inhumaciones ilegales en el cementerio ubicado en el se
Ayer, en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se desarrolló una audiencia en la que el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, indicó que se debatió la reapertura de la causa en base a la solicitud de los querellantes. Mientras la defensa y la fiscalía se negaron a la misma, la contraparte, el directorio del Parque Cruz de Froward, insistieron por estimar que hay vulneración de secreto profesional y vulneración de información de carácter privado a terceros.
Uno de los abogados querellantes, Cristián Rosselot, señaló que la Fiscalía intentó cerrar una investigación de manera incompleta. “El Tribunal reconoció nuestra posición, consciente en que es imposible intentar cerrar una investigación que se refiere a hechos tan graves sin haber llevado a cabo las diligencias mínimas necesarias para una investigación. Nosotros buscamos una sanción penal por delito funcionario. Aquí hay distintos delitos, no solamente un hecho, aquí hay intervención ilegal de comunicaciones privadas y un delito de difusión de información interceptada ilegalmente, son cosas distintas”, enfatizó.
Por su parte, el representante de la fiscal Wendoline Acuña, el abogado Daniel Martorel, señaló que los hechos que se imputan no son constitutivos de delito: “Lo único que hace esta investigación es aportar antecedentes que van a reforzar un pronunciamiento que ya ha manifestado la Fiscalía en orden que los hechos imputados a mi representada no son constitutivos de delito. Desde ninguna perspectiva la fiscal cometió una infracción en la dirección de la investigación del Parque Cruz de Froward. Si hay otras personas que tienen que responder por sus hechos, va a ser materia de otra investigación. La fiscal siempre respetó la privacidad de todos los investigados por este hecho y no hubo vulneración de información privada que podía afectar la honra de las vidas de las personas. Por la filtración de los antecedentes van a tener que responder las personas que filtraron ese tipo de información, la cual no pasó por la fiscal”.
Martorel indicó que ahora solicitarán el sobreseimiento definitivo.