Audiencia está agendada para el 18 de octubre en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y si el acuerdo prospera los imputados aceptarían los cargos de lavado de dinero, cohecho e infracciones tributarias. Partió como una arista del caso Riggs, pero a poco andar el “Caso Fragatas” tomó aguas propias y ahora, dos años después de su inicio, está próximo a culminar con condena por lavado de dinero teniendo como delito base el cohecho.
Mediante un acuerdo de procedimiento alternativo -que están afinando el Ministerio Público, los querellantes y las defensas de Patricio Basili y Juan Tapia-, se transformará además en la primera causa que lograría sentencia por supuesto soborno en el marco de la venta de material bélico. Otros casos (como Mirage y Leopard) continúan en los tribunales bajo el antiguo sistema de justicia.
El arreglo implica que los ex oficiales de la Armada reconozcan los cargos que se les imputan -lavado de dinero, cohecho e infracciones tributarias- a cambio de una pena que no exceda los cinco años así como el pago de $125 millones cada uno a beneficio fiscal en una suerte de devolución de los US$ 400 mil que recibieron como presuntas coimas. Términos que deben quedar a firme en la audiencia del próximo 18 de octubre en el Octavo Juzgado de Garantía.
La arista de las fragatas holandesas sólo quedó al descubierto a principios de 2011. Siguiendo la hebra del pago de comisiones en la compra de tanques Leopard, el Ministerio Público pidió a Estados Unidos levantar el secreto bancario de las cuentas que Ibieta allí tenía.
En esas cartolas bancarias, a los persecutores -los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena- les llamaron la atención dos cosas: un depósito de US$ 800 mil de Royal Schelde, el astillero que refaccionó las fragatas Blanco Encalada, Almirante Riveros, Capitán Prat y Almirante Latorre compradas por el gobierno chileno; y los dineros que Ibieta ingresó a una cuenta del Banco de Chile, sede Nueva York, abierta a nombre de Juan Tapia.
En esta última estaban los US$ 400 mil que Ibieta depositó, en cuatro cuotas (tres de 2005 y una de 2007), presuntamente como compensación de la información clasificada que los ex marinos le habrían dado para que éste se adjudicara los negocios.
En ese momento la fiscalía inició formalmente el caso Fragatas y a corto andar, en octubre de 2011, formalizó a Ibieta, Basili y Tapia.
El fiscal Carlos Gajardo reconoció a “La Segunda” que existe una proposición de juicio abreviado: “Hay un principio de acuerdo que será planteado ante el tribunal que es el que debe resolver”.
En un primer momento los formalizados ofrecieron una cifra menor (poco más de $70 millones cada uno) como multa, pero el monto no se aceptó porque distaba mucho del valor del supuesto soborno. Es decir, los US$ 400 mil que recibieron de Ibieta, que hoy está más cerca de los $250 millones que pagarán entre ambos.