
“Este reglamento genera un estándar mayor en temas de evaluación ambiental, pero es importante destacar que no sólo es para el sector privado, sino que también para el sector público”, dijo.
Añade que el nuevo instrumento será una herramienta importante para disminuir la incertidumbre sobre el proceso de evaluación de los proyectos de inversión, lo que podría aminorar que las divergencias se resuelvan en tribunales.
“Es muy difícil que lo evite totalmente, pero creemos que la nueva normativa disminuirá la judicialización porque al establecerse normas más claras existe menor incertidumbre, menos discrecionalidad administrativa y, evidentemente, eso significaría menos errores que serían objeto de algún recurso de protección”, sostuvo.
Otro de los desafíos que tendrá que encabezar desde el área técnica es la serie de reclamaciones al proyecto HidroAysén, que deberán ser analizadas por el Comité de Ministros.
“Es un proceso que ha sido complejo, no solamente hay reclamaciones del titular, sino que también de la ciudadanía, las que deben ser analizadas en profundidad. Pero tal como lo señaló la ministra del Medio Ambiente esto se resolverá cuando el tema ya sea acotado, y ahí la ministra oficiará a los ministerios que componen el comité para resolver”, dice.