La iniciativa busca introducir un mecanismo de corrección monetaria a nivel local, en consideración al mayor o menor costo de la vida en las regiones. El proyecto (boletín 9135) señala que el Estado es unitario y se divide política-administrativamente en regiones, en atención a las similares características de las distintas zonas geográficas del país.

En este contexto, es su deber, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de la República, “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”.

Considerando lo anterior, mediante un proyecto de Reforma Constitucional se busca “introducir un mecanismo de corrección monetaria a nivel regional, en consideración al mayor o menor costo de la vida en las distintas regiones en que se divide el país”, señalan los legisladores René Alinco (IND), Gabriel Ascencio (DC), Juan Luis Castro (PS), Enrique Jaramillo (PPD) y Miodrag Marinovic (IND).

Agregan que la modificación propuesta, se justifica no sólo en hechos tan objetivos y conocidos como que el costo de la vida en determinadas regiones, especialmente las más extremas, es más cara que en otras no aisladas, sino también en antecedentes tales como que en la administración del Estado una misma actividad es remunerada de un modo distinto si se ejerce en regiones aisladas, lo que se conoce como asignación de zona.

Por otra parte, añaden, es necesario hacerse cargo del hecho de que si bien Chile es un Estado unitario, cuenta con una geografía muy desigual, en la cual se determinan costos de abastecimiento para productos y servicios de primera necesidad que son extremadamente más altos, particularmente en la Patagonia chilena.

“En otras palabras, el valor de una canasta básica de consumo familiar no es la misma en las regiones del norte, del centro, del sur y del extremo sur del país, donde en esta última la diferencia es sustancial”, recalcan.

De esta manera, la moción modifica el artículo 65 N° 4 de la Constitución Política de la República estableciendo que se deben fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentando obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios considerando los mecanismos que permitan mantener el mismo valor adquisitivo en las distintas regiones del país y establecer las bases objetivas que sirvan para determinarlo.