Carlos Fuentes rechazó lo señalado por el subsecretario Rodrigo Ubilla a la Intendencia Regional y enfatizó en que “nadie puede ir contra las órdenes de los tribunales” y que los fondos exigidos equivalentes a $ 49 millones “deben ser transferidos sí o sí”. Indignado reaccionó el ex subcontratista de Rayén, Carlos Fuentes, al conocer el oficio de respuesta del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, a la Intendencia Regional, en el que la ex máxima autoridad regional, Mauricio Peña y Lillo, tras resolución del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, le pidió a la autoridad nacional transferir fondos equivalentes a $ 49 millones, con los cuales se le cancelaría parte de la deuda que se mantiene con el profesional tras los trabajos realizados post aluvión, la que asciende a $ 85 millones.
“Nadie puede ir contra las órdenes de los tribunales” aseguró Fuentes, sintiéndose pasado a llevar, dado que viajó a Santiago y visitó la Subsecretaría del Interior, donde no se le informó nada de aquello, para , posteriormente , no tener respuestas a sus llamados ni correos electrónicos, según explicó.
“Los magallánicos están indefensos ante estos sucesos. Se aprovechan desde La Moneda porque estamos en Punta Arenas”, aseveró, añadiendo que “me siento mal por lo que ha sucedido, porque sólo estoy cobrando por el trabajo realizado, el cual realicé honestamente, y no se me ha cancelado ni un peso”, remarcó.
Fuentes estableció igualmente que el dinero que se le adeuda no está en Punta Arenas, manifestando que “tiene que aparecer”.
Oficio
Lo anterior porque con fecha 18 de octubre, el subsecretario, a través del oficio 21.688, tras exponer todos los hechos acaecidos en el caso, aseguró que “teniendo especialmente presente el principio de probidad administrativa y el deber de resguardo de los bienes públicos, no es posible en esta oportunidad acceder a lo solicitado”.
En el oficio la autoridad nacional dejó en claro que los contratos que celebró la intendencia con motivo del desborde del Río Las Minas, les fueron devueltos sin tramitar por parte de la Contraloría Regional de Magallanes, a través del oficio Nº 1.747, de 22 de junio de 2012, “por no ajustarse a derecho, debido a una serie de irregularidades e imprecisiones”.
En este marco, comunicó que “no se determinó en forma específica el servicio contratado, puesto que las referencias efectuadas a un Mapa Esquemático de Inundación del Centro de Punta Arenas, no permiten determinar la zona en que el contratista debió efectuar las labores de limpieza, lo que vulnera el artículo 64, del decreto Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene reglamento de la Ley de Compras”.
Asimismo, se dice que dicho mapa acompañado en ambos convenios es similar, “por lo que podría existir una duplicidad o superposición de servicios”.
“No se determinaron en los contratos las causales de término anticipado de éstos, ni se estableció garantía de fiel cumplimiento, que es indispensable a fin de resguardar los intereses fiscales comprometidos. Además, no se acompañaron antecedentes que den cuenta de la concurrencia de la Dirección de Obras Hidráulicas en la inspección técnica de los convenios suscritos y no se acreditó en el acta citada en uno de los convenios, la ejecución de los trabajos en el plazo convenido”, señaló Ubilla, dando a conocer varias irregularidades que se han cometido en este caso.
Concluye diciendo Ubilla que “no consta a esta subsecretaría que la referida Intendencia Regional hubiese realizado gestión alguna en orden a clarificar y solucionar irregularidades descritas”.